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LA DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC

Al término de la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión efectuada en la Ciudad de México (bajo los auspicios de la OEA y a convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa), el 11 de marzo de 1994 fue suscrita por los 60 países ahí representados, la Declaración de Chapultepec, que insistentemente ha sido mencionada en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en los tiempos recientes, para enfrentar el cotidiano atropello a los derechos humanos de las dictaduras que aún padecen esos pueblos, particularmente el que se refiere a la libertad de prensa.

En su preámbulo, el documento hace referencia a las aspiraciones y avances democráticos en nuestra América –desde Alaska hasta la Tierra del Fuego-, aunque retardados por las desigualdades, el atraso y la intransigencia. por lo cual “es deber de quienes vivimos en este hemisferio, consolidar la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos.”

Y afirma este apotegma incuestionable: la libertad “pertenece a los seres humanos, no al poder”, y por eso “nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia.” Dentro de ambas han de ocupar lugar imprescindible las libertades de expresión y de prensa mediante cualquiera de los medios que ha puesto en nuestras posibilidades la tecnología.

Sostiene más adelante la consideración de que es “la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano” porque mediante ella son factibles las sociedades libres. “Sólo mediante la práctica de estos principios –agrega-- será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna”; por ello  se rechaza con énfasis que libertad frente al progreso, el orden, la estabilidad, la justicia y la gobernabilidad, constituyan valores opuestos e incompatibles.

“La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”, subraya, de ahí la ecuación prensa libre = expresión libre, y advierte que cuando pretextando algún objetivo de cualquier índole es cercenada la libertad de prensa, ipso facto desaparecen las demás libertades.

Sin embargo abundan los ataques en nuestro continente, donde todavía hay gobiernos dictatoriales que pretenden anular todas las libertades, en especial la de expresión. Todavía “los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas.”

Gente del poder que se dice demócrata es con frecuencia intolerante ante las críticas; grupos sociales trasfieren a la prensa culpas ajenas; jueces irresponsable presionan a periodistas para que den a conocer sus fuentes; burócratas les niegan información que debe ser conocida por todos.

La parte introductoria de la declaración termina diciendo que en la defensa de “una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad.”  

Resumiendo, los postulados esenciales de esta carta dicen que:

“No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera que sea el medio de comunicación. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.

Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.

La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.

Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.

El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.

La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos; son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.

Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino.”

Todas las naciones suscribientes quedaron comprometidas con estos principios, proclamados ya desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de los revolucionarios franceses; en el siglo XIX por el filósofo inglés John Stuart Mill (Sobre la libertad), y confirmados por la Declaración universal de los derechos humanos de la ONU (1948).

Argentina, por conducto de su presidente Mauricio Macri, se incluyó apenas el 1 de este agosto de 2016, y aún se rehúsan a hacer lo propio los jefes de estado de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, obviamente.


Es de creerse que los periodistas de BCS han tomado ya nota puntual de las premisas anteriores, para llevar a cabo con dignidad, responsabilidad, certeza y seguridad sus importantes tareas en beneficio de la comunidad sudcaliforniana.

LAS RECORDACIONES DEL CRONISTA

EFEMÉRIDES DEL 8 AL 14 DE JULIO EN BCS

 El 8 de agosto de 1640. Fueron expedidos en Madrid los despachos para que el almirante Pedro Porter y Casanate averiguara si California tenía salida al mar por el norte del continente, según se suponía.

El 10 de agosto de 1721. Fue establecida la misión de Santiago en la costa del golfo de California, y cambiada al interior en 1723. Al año siguiente la reubicaron a un tercer sitio donde se inició la construcción del templo.

El 12 de agosto de 1922. Murió en la ciudad de México el coronel de Infantería Clodomiro Cota Márquez, al término de una sobresaliente carrera militar al servicio de la República. Nació en Todos Santos en 1835.

Inició su carrera castrense en 1858 bajo la tutela de su tío el Gral. Manuel Márquez de León, a cuyas actividades se halló vinculado toda su vida. Participó denodadamente en favor de los derechos y libertades individuales, en la defensa de su país combatiendo a la intervención francesa, a las fuerzas conservadoras y la invasión filibustera de William Walker. Los restos mortales de este patriota fueron reinhumados en su pueblo natal.

El 13 de agosto de 1913. Murió en el ejido Santa Cruz (antes El Copalar), delegación de Santiago (hoy municipio de Los Cabos) el revolucionario sudcaliforniano Nicolás T. Antuna.


El 13 de agosto de 2012. Murió en Texas el doctor Miguel Mathes, prolífico historiador de las Californias, a quien BCS debe una importante producción bibliográfica y hemerográfica, además de conferencias y significativo apoyo al Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”. 
El presidente Miguel de la Madrid le otorgó en 1985 la condecoración del “Águila Azteca”, que concede el gobierno mexicano a extranjeros que han prestado servicios importantes a nuestro país. Nació en Los Ángeles, California, en 1936.

ALTERNATIVA LABORAL

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PRESENTACIÓN EXCEPCIONAL

Mapa de La Paz, B.C.S. a San Antonio, B.C.S.El domingo 24 de este julio terminal, en San Antonio (a sesenta kilómetros al sur de la capital sudcaliforniana, de casi 500 habitantes), fue presentado el libro "¡Que van a cerrar las minas!", de Rubén Veytia Taylor, en edición de autor, lo que constituyó, a más de un acto extraordinario en la antigua comunidad realeña, un hecho inusual en la ya larga historia de actos de tal naturaleza en Baja California Sur.

   La función comenzó con dos públicos: uno interior integrado por la nutrida asistencia de invitados y personas interesadas en el asunto, y el otro por una decena de ciudadanos que desde el exterior, apoyados en los amplios ventanales enrejados de la Casa de la Cultura, expresaban su inconformidad por el acontecimiento que realizaba gente llegada de fuera, presumiblemente opuesta a los trabajos mineros, actividad histórica y básica en la región.

   Era evidente que se habían dejado llevar por el título del texto y particularmente por dos opiniones acerca de la misma obra, insertas en la cuarta de forros (o contraportada) del volumen: la primera es un equilibrado tratamiento del tema, y la segunda abiertamente contraria al tipo de minería que pone en riesgo la salud humana y de su entorno.

   Atendidos oportunamente por la mesa principal que formaban el autor, el comentarista Raúl Antonio Cota y el conductor del programa, los hombres y mujeres apostados en las rejas recibieron invitación respetuosa a decir su verdad dentro de la sala; algunos accedieron y se formó entonces un diálogo de lo más interesante, que arrojó como conclusión que a todos hacía falta mayor información sobre el tema, ya que el libro se limita a plantear una serie de imaginarias entrevistas a un agricultor, un ingeniero, un comerciante e individuos de otros oficios y profesiones, de todo lo cual resulta un conjunto comedidamente ponderado respecto a esa polémica cuestión.

   Se dijo entonces que los sanantonianos tienen muchas razones para sentirse orgullosos de su historia, pues en su región (Santa Ana, precisamente) tuvo lugar el primer registro, en todas las Californias (comprendidas desde cabo San Lucas hasta Alaska), de esa actividad exclusivamente humana que es el trabajo, ya que éste tiene como requisitos la libertad, la voluntad más la debida retribución, y eso únicamente se dio a partir de las labores que llevó a cabo aquí la empresa minera de los hermanos Manuel y Antonio de Ocio, totalmente fuera de la jurisdicción misionera, que jamás permitió el trabajo propiamente dicho de los neófitos, al margen de las tareas que obligadamente debían efectuar.

   En esta zona, el visitador Joseph de Gálvez y el franciscano Junípero Serra (santificado hace poco tiempo por el Vaticano) planearon en 1769 la “Expedición Sagrada” hacia el poblamiento de la Alta California, que en el mismo año cubrió su primera etapa con el establecimiento de la misión de San Diego de Alcalá, a base de múltiples elementos sustraídos a las misiones peninsulares y una embarcación decomisada a los hermanos Ocio.

      Fue también aquí donde se creó el primer sitio de carácter civil de las Californias, pues antes de él todo estuvo administrado por el régimen jesuítico, de contenido, objetivos y autoridad obviamente teocráticos.

   Todo acabó en paz y en el acuerdo de que el mayor mérito del libro de Veytia fue haber convocado tantas voluntades e inducido la convicción de que la democracia debe estar siempre robustecida por el conocimiento, el discernimiento y la actitud de sana confrontación de las ideas, como ocurrió ahora en el entrañable y hospitalario real de San Antonio.