LA DECLARACIÓN DE
CHAPULTEPEC
Al
término de la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión efectuada
en la Ciudad de México (bajo los auspicios de la OEA y a convocatoria de la
Sociedad Interamericana de Prensa), el 11 de marzo de 1994 fue suscrita por los
60 países ahí representados, la Declaración de Chapultepec, que insistentemente
ha sido mencionada en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en los
tiempos recientes, para enfrentar el cotidiano atropello a los derechos humanos
de las dictaduras que aún padecen esos pueblos, particularmente el
que se refiere a la libertad de prensa.
En
su preámbulo, el documento hace referencia a las aspiraciones y avances democráticos
en nuestra América –desde Alaska hasta la Tierra del Fuego-, aunque retardados
por las desigualdades, el atraso y la intransigencia. por lo cual “es deber de
quienes vivimos en este hemisferio, consolidar la vigencia de las libertades
públicas y los derechos humanos.”
Y
afirma este apotegma incuestionable: la libertad “pertenece a los seres
humanos, no al poder”, y por eso “nuestro principio y destino deben ser la
libertad y la democracia.” Dentro de ambas han de ocupar lugar imprescindible
las libertades de expresión y de prensa mediante cualquiera de los medios que
ha puesto en nuestras posibilidades la tecnología.
Sostiene
más adelante la consideración de que es “la libertad de expresión, motor y
punto de partida de los derechos básicos del ser humano” porque mediante ella
son factibles las sociedades libres. “Sólo mediante la práctica de estos
principios –agrega-- será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su
derecho a recibir información imparcial y oportuna”; por ello se rechaza con énfasis que libertad frente al progreso,
el orden, la estabilidad, la justicia y la gobernabilidad, constituyan valores opuestos
e incompatibles.
“La
libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo
podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”, subraya, de ahí la ecuación
prensa libre = expresión libre, y advierte que cuando pretextando algún
objetivo de cualquier índole es cercenada la libertad de prensa, ipso facto desaparecen las demás
libertades.
Sin
embargo abundan los ataques en nuestro continente, donde todavía hay gobiernos
dictatoriales que pretenden anular todas las libertades, en especial la de
expresión. Todavía “los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan,
agreden y asesinan periodistas.”
Gente
del poder que se dice demócrata es con frecuencia intolerante ante las críticas;
grupos sociales trasfieren a la prensa culpas ajenas; jueces irresponsable
presionan a periodistas para que den a conocer sus fuentes; burócratas les
niegan información que debe ser conocida por todos.
La
parte introductoria de la declaración termina diciendo que en la defensa de “una
prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa
responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el
ejercicio de la libertad.”
Resumiendo, los
postulados esenciales de esta carta dicen que:
“No
debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o
de prensa, cualquiera que sea el medio de comunicación. El ejercicio de ésta no
es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
Toda
persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y
divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
Las
autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los
ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el
sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de
información.
El
asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la
prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores,
coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser
investigados con prontitud y sancionados con severidad.
La
censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la
divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la
creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre
ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la
libertad de prensa.
Los
medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de
discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
Las
políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel
o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y
la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar
o castigar a medios o periodistas.
El
carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones
profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a
cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
La
credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la
búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación
entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y
la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos; son
responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la
opinión pública premia o castiga.
Ningún
medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o
formular críticas o denuncias contra el poder público. Se
trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro
hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es
el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra
historia y dominar nuestro destino.”
Todas
las naciones suscribientes quedaron comprometidas con estos principios,
proclamados ya desde la Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano, de los revolucionarios franceses;
en el siglo XIX por el filósofo inglés John Stuart Mill (Sobre la libertad), y confirmados por la Declaración universal de los derechos humanos de la ONU (1948).
Argentina,
por conducto de su presidente Mauricio Macri, se incluyó apenas el 1 de este
agosto de 2016, y aún se rehúsan a hacer lo propio los jefes de estado de Bolivia,
Cuba, Ecuador y Venezuela, obviamente.
Es
de creerse que los periodistas de BCS han tomado ya nota puntual de las
premisas anteriores, para llevar a cabo con dignidad, responsabilidad, certeza
y seguridad sus importantes tareas en beneficio de la comunidad
sudcaliforniana.