LAS PREOCUPACIONES
HISTORIOGRÁFICAS DE DOMINGO VALENTÍN*
El 1 de diciembre de 1970, el presidente
Luis Echeverría Álvarez designó, en uso de sus atribuciones constitucionales y el
mismo día de su asunción a la primera magistratura del país, al ingeniero
sudcaliforniano Félix Agramont Cota como gobernante del territorio de Baja
California Sur.
Ello ocurrió primordialmente en atención a
las exigencias del movimiento “Loreto 70” que planteó al ejecutivo federal,
entre otras varias, la de que se nombrase en la jefatura política a un
ciudadano nativo de la entidad o con arraigo en ella.
El profesor egresado de la Escuela Normal
Rural de San Ignacio, Baja California Sur, y quien por su competencia
profesional como agrónomo dirigía por entonces la Productora Nacional de
Semillas (PRONASE), tomó posesión de la gubernatura en los primeros días del
propio mes de diciembre de 1970, en reemplazo del abogado Hugo Cervantes del
Río, quien acababa de asumir la secretaría de la Presidencia.
Transcurridos apenas dos meses, el 20 de
febrero de 1971, el Diario Oficial de la
Federación publicó la ley orgánica del territorio por la cual se reinstauró
en éste el régimen municipal, que se hallaba suspendido desde 1929; el gobierno
de la nación preparaba así la inminente transformación que adquirió realidad un
poco más de tres años y medio después.
En esta ley se argumentaba la pertinencia de
restablecer el régimen de municipio libre en la entidad, ya que es “sin disputa
una de las grandes conquistas de la Revolución, como que es la base del
gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida
municipal, sino que también le dará independencia
económica, supuesto que tendrá fondos
y recursos propios para la atención de todas sus necesidades.”
El documento exponía que “la municipalidad
es una congregación humana, natural y espontánea dentro de una determinada
región, que procura metas claramente definidas, tales como la satisfacción de
sus necesidades materiales y culturales tanto individuales como colectivas; es
decir –añadía- la consecución de un bien
común específico que reclama el esfuerzo total de un núcleo de personas que va más allá del familiar...”
Y agregó que, al ser el municipio “base de
la organización política y administrativa del país, su restablecimiento en el
Territorio de la Baja California Sur... da el fundamento necesario para que sus
habitantes participen más activamente en su vida política, cuando la entidad
acelera el ritmo de su desarrollo económico.”
Y así quedó dispuesta la transformación de
las siete delegaciones de gobierno en tres municipios, “tomando en
consideración razones de orden económico y demográfico...”
El 10 de mayo de 1974, en una reunión de prensa
convocada a su regreso de un viaje oficial a la ciudad de México, el gobernante
informó que el presidente proponía a la ciudadanía de Sudcalifornia la
conversión de su entidad en estado de la federación mexicana.
El primer día de junio de ese
mismo 1974 estuvo el presidente en Baja California Sur, por primera vez para
encabezar los festejos del día de la Marina. El acto principal tuvo lugar en
Cabo San Lucas, donde representantes de los diversos sectores de la entidad le
entregaron un documento en que solicitaban su gestión para que Sudcalifornia
adquiriese el rango político de estado de la federación, mediante las reformas respectivas
a la Constitución del país.
Ahí
tomaron la palabra el gobernador con el discurso de bienvenida y la proposición
relativa al ejecutivo federal; el secretario de Marina en referencia al inicio
de las obras de construcción del puerto turístico en este sitio, y finalmente
el secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río: “El señor presidente
me pidió decirles –expresó- que va a analizar con la mayor simpatía esta justa
y emocionada petición de ustedes...” Evocó enseguida la serie de
acontecimientos que vinculaban al jefe del gobierno nacional con el pueblo calisureño
desde hacía varios años.
“Con el
afecto fortalecido desde entonces –prosiguió, ya para terminar-, les deja un
saludo y una exhortación: sigan trabajando intensamente; el destino de esta
península, ambicionada por intereses extranjeros, está salvaguardada por las
manos de ustedes, sobre todo por las manos limpias y generosas de los jóvenes
sudcalifornianos...”
El 1 de
septiembre siguiente, de ese mismo 1974, en su cuarto informe de gobierno,
Echeverría anunció que próximamente enviaría al Congreso de la Unión la
iniciativa de decreto para reformar la Constitución General de la República a
efecto de transformar a los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo
en estados.
En la
argumentación del documento se expresaba, entre otros varios considerandos, que
“el territorio de la Baja California posee una rica tradición, más de cuatro
veces centenaria […]”; en el aspecto político, fueron reinstalados los
municipios libres; en el plano social, la población se había triplicado desde
1940, y disfrutaba de amplios servicios básicos entre los que figuraba notablemente
el avance educativo.
Su
desenvolvimiento –decía- “se ha registrado particularmente en los renglones
turístico, pesquero, agropecuario [y] en el creciente aprovechamiento de
recursos renovables y no renovables.” La inversión federal había superado a la del
sexenio anterior; y de ésta, “parte importante se ha destinado a la integración
del territorio por medio de eficientes y modernas comunicaciones, entre las que
descuella la carretera transpeninsular, columna vertebral de la península.
Su
conclusión ha venido a satisfacer una necesidad sustancial. Al lado de la
inversión federal –señalaba-, es preciso apuntar el incremento sostenido de los
ingresos propios […] Y “ha crecido también, de manera notable, el producto
interno bruto” […]
Así
vivimos el ingreso a otra etapa que nos convirtió en ciudadanos de primera,
como consecuencia de una larga cadena de empeños y dilaciones, realizaciones y esperas,
en que este pueblo afanoso alcanzó otra de sus metas diferidas por la distancia
y el olvido, pero superados por el denuedo y la persistencia.
Al gobernador Agramont
correspondió la tarea de coordinar ambos procesos de la evolución histórica de
su tierra, lo cual efectuó con intensidad e impecable responsabilidad.
De todo ello, pero con amenidad y detalle, se
ocupa Domingo Valentín Castro en dos de sus libros donde vierte el interés de
escudriñar en los hechos significativos de nuestro pasado, retrotrayendo
acontecimientos de nuestra historia que culminaron en la conversión de esta
parte sur de la Antigua California, luego territorio, enseguida departamento,
más tarde partido, distrito a continuación y finalmente territorio de nuevo, en
estado de la federación mexicana.
Es tiempo ahora de adquirirlos, disfrutarlos
y aprender con ellos a querer, respetar y defender más a BCS. Enhorabuena.
*
En la presentación de los libros El FUS y
Loreto 70, y El proceso histórico de
la conversión de BCS en estado libre y soberano. San José del Cabo, 27 de
noviembre de 2015.
