DE REFORMAS Y
LICITACIONES
El
ayuntamiento de La Paz ha publicado convocatoria en el ámbito nacional para seleccionar
a quien será nuevo director del instituto de Planeación Municipal.
Ya
vimos que la Constitución Política del Estado acaba de sufrir nueva reforma
para hacer posible la concesión del cargo de procurador estatal de Justicia a
un personaje de procedencia extra estatal, carente de oriundez y residencia
mínima en esta entidad federativa.
Ahora
se trata de licitar (hacer lícita, legalizar) la posibilidad de que llegue otro
individuo foráneo a ocupar un cargo público local, pues en el documento resplandece
por su ausencia el requisito de ser ciudadano sudcaliforniano. Si bien una de
las bases especifica que los aspirantes deben “preferentemente” conocer la
problemática del desarrollo social, urbano, económico y medioambiental del
municipio paceño, el documento deja claro que, para los efectos previstos, se
puede franquear tranquilamente esa condición.
Sin
embargo, conviene recordar el texto del artículo 30 de la Constitución estatal,
el cual dispone que “Los sudcalifornianos serán preferidos para toda clase de
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que
sea indispensable la calidad de ciudadano.”
En
ambos casos ha quedado evidente la convicción que poseen los convocantes, de
que Baja California Sur se halla desprovista de profesionales aptos para
encargarse de tales áreas de la administración pública. Quedan descalificadas,
“ipso facto” (por ese mismo hecho), las instituciones regionales de educación
superior en la formación de gente capaz de cubrir las referidas vacantes, o
quienes, siendo sudcalifornianos, se tomaron la molestia de realizar estudios
fuera de la entidad.
En
las dos circunstancias, también, hay un trasfondo de subestimación a valores,
derechos y natural prioridad de los ciudadanos que han nacido, permanecido y
sobrevivido en esta tierra.
De
ninguna manera sugiere la presente nota el regreso a las antiguas luchas de
este pueblo (aunque sería oportuno repensarlas), integradas ya a su historia,
sino sólo de llamar la atención acerca del respeto que se debe (o se debiera) tener
y ejercer, principalmente por sus autoridades, hacia una sociedad que se pudiere
sentir lastimada con las medidas de referencia.
Nos
queda de tarea.