AIRADA RESEÑA
LAS CALIFORNIAS EN LA
NUEVA HISTORIA
MÍNIMA DE MÉXICO
La
Nueva historia mínima de México fue
editada por El Colegio de México la primera vez en 2004, y hasta 2015 llevaba
ya doce reimpresiones. Como siempre hago, de ésta busqué en el índice
onomástico y toponímico (de nombres y lugares), lo relativo a Baja California Sur:
resultó que el nombre de esta entidad federativa se halla ausente y sólo
aparece el de Baja California, estado de.
Hay ocho referencias. La primera está en la
página 11, donde el 
La segunda se encuentra en la página 100,
donde don Bernardo García Martínez afirma, respecto a la posesión de la
Luisiana por Francia, que “España pudo compensar este golpe con la ocupación de
Baja California, promovida por los jesuitas a partir de 1697 con el exclusivo
fin de extender sus misiones, empresa en la que obtuvieron magros resultados…”
Habría que aclarar al señor García que a) los jesuitas jamás ocuparon Baja
California en 1697, sino California, cuyo primer asentamiento fue establecido
en Loreto, del actual estado de Baja California Sur; b) esa ocupación tenía varios
otros fines, a más de extender sus misiones; y c) fueron mucho más que “magros”
los resultados que produjo la colonización jesuítica en California durante 70
años, varios de los cuales perviven hasta nuestros días.
La tercera puede hallarse en la página 167,
donde Josefina Zoraida Vázquez, hablando de los tratados en que tuvimos la
pérdida de territorio nacional a consecuencia de la guerra de los EUA contra
nuestro país, dice que los comisionados mexicanos “lograron salvar Baja
California y Tehuantepec…” Debe aclararse que, en todo caso, lograron salvar
“la península de” Baja California. Aquí es insuficiente que se diga Baja California
con la idea de abarcar todo el territorio peninsular, en vista de que en el
índice toponímico sólo aparece el estado de Baja California, y ello se presta a
confusión.
La
cuarta aparece dos páginas más adelante, donde la misma eximia historiadora sostiene
que “Santa Anna tuvo que enfrentar de nuevo el expansionismo norteamericano,
insatisfecho a pesar de haberse engullido la mitad del territorio mexicano y
que presionaba para hacerse del istmo de Tehuantepec, la Baja California y, de
ser posible, los estados norteños…” Es el mismo caso anterior, ya que la
escritora parece olvidar que la península californiana está dividida en dos
entidades federativas.
Una
quinta se encuentra en la página 266: cuando Luis Aboites Aguilar habla del
gobierno de Lázaro Cárdenas, apunta que “El reparto de tierras se aceleró de
manera notable y alcanzó áreas de alta productividad como La Laguna, en Durango
y Coahuila; el valle del Yaqui, al sur de Sonora; el valle de Mexicali, en Baja
California…” El historiador debió decir “en el actual estado de Baja
California”, ya que, por entonces, esa entidad era el Territorio de Baja
California Norte.
La
sexta corresponde al mismo autor, que en la página 280 se ocupa del gobierno de
Miguel Alemán, y sostiene que “la intención federal de generalizar el impuesto
sobre ingresos mercantiles se encontró con la oposición de los estados más
ricos (Veracruz, Baja California…)", en lo cual acierta, pues para entonces ya
se había erigido el estado de Baja California que, poseyendo sólo la mitad
septentrional (de menor extensión territorial) de la península, asumió el nombre de toda ella.
Del
mismo Aboites Aguilar es la séptima, quien en la página 283 expresa: “En Baja
California, Chihuahua y San Luis Potosí tuvieron lugar movilizaciones…”, lo
cual es correcto en cuanto corresponde al nombre del actual estado
bajacaliforniano.
Y la última está en la página 295, también
de don Antonio; analiza el gobierno de Carlos Salinas, al que atribuye “el
reconocimiento en 1989 del primer triunfo de un candidato opositor (el panista
Ernesto Ruffo), a una gubernatura, en este caso la de Baja California.” Bien.
Entonces y en resumen resulta que, para
nuestros historiadores*, la porción sureña
de la península de California, la primera California de todas, origen de la
civilización en las Californias, carece de significación en la historia patria,
y todo lo que es digno de ser contado, enseñado y aprendido por los mexicanos,
es atribuible sólo al estado de Baja California, que lo es apenas desde 1952.
Por otra parte, en relación a los empeños expansionistas
norteamericanos para zamparse a la Alta California -su denominación oficial
antes de 1848 en que se produjo la pérdida-, la misma Josefina Zoraida Vázquez
alude en tres ocasiones (páginas 164 y 165)
a esa posesión mexicana simplemente como California, sin el adjetivo
como se la conoce a partir de su anexión a los EUA.
Todo lo cual deviene errónea e injusta
apreciación tal vez imputable más a la limitada información que a la mala fe,
parece…
*
Cuatro más integraron el elenco autoral: Luis Jáuregui, Elisa Speckman Guerra y
Javier Garciadiego.
CRÓNICA
CALIFORNIA
MEXICANA PARA CRIMINALES
Con fecha 25 de agosto de 1862,
el ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública de México, envió una
circular a los gobernadores del país -el
del territorio de Baja California era Teodoro Riveroll- en la cual anexaba la ley que destinaba las
penínsulas de Yucatán y la Baja California a la colonización de “los vagos y
reos sentenciados a prisión y trabajos forzados por más de un año.”
La justificación de esa insólita
disposición era que procuraba el ahorro de los gastos de manutención y custodia
en las prisiones del país, quitar de las poblaciones esos focos de corrupción,
“colonizar con gente de nuestra propia raza distritos despoblados e importantes
y, sobre todo, sacar a los reos de la ociosidad y mala compañía que hace de
nuestras cárceles otras tantas escuelas de inmoralidad y de crimen.”
Por tanto se exhortaba a los
gobernadores a poner el mayor empeño en iniciar de inmediato la correspondiente
remisión de delincuentes al destino que les señalaba la ley.
Ignoramos si Riveroll enfrentó
el asunto en algún sentido.
El 2 de octubre del mismo 1862
tomó posesión del gobierno territorial Pedro Magaña Navarrete, y uno de sus
primeros actos administrativos fue enviar a los ayuntamientos la instrucción
del 25 de agosto.
El día 8 siguiente le dio
respuesta el presidente municipal de San José del Cabo, Gregorio Cruz y
Rodríguez, expresando que el cabildo, “vivamente interesado en que el referido
decreto no comprenda a este país para presidio de criminales, consultará
oportunamente la opinión general, y lo más pronto que sea posible remitirá a
usted esa interesante manifestación que no dudo irá apoyada en la razón y la
justicia.”
El 2 de diciembre ya estaba en
esta provincia el primer individuo del dispositivo: un reo condenado a diez
años.
A principios de enero de 1863,
el presidente municipal de Santiago, José María Araiza, en nombre de sus
representados pidió al jefe político solicitar que se revocase la orden.
Lo mismo hizo poco después
Valentín Ceseña, nuevo presidente del ayuntamiento de San José del Cabo, “por
considerar nociva esa providencia para este territorio.”
Aducía, entre diferentes razones,
“la sencillez de las costumbres de los hijos del Territorio por esa falta de
contacto en que ha vivido con la clase corrompida de la sociedad.” Por ello le
suplicaba que redoblara sus esfuerzos ante el gobierno federal a efecto de que
se derogase el citado decreto, por lo menos en la parte relativa a la Baja
California.
No obstante, sucesivamente
fueron llegando otros enviados principalmente por los gobiernos de Sinaloa y
Sonora, con sentencias que iban de dos a diez años, hasta completar la suma de
15 personas hacia julio de 1864.
Desconocemos hasta dónde llegó
este asunto, pero lo expuesto evidencia la equivocada idea que siempre se ha
tenido y se tiene, por parte de nuestros compatriotas del núcleo del país, de
que en estas regiones menos pobladas, que por tanto menos “pintan”, y donde
suponen que vivimos en la inopia civil, es posible aplicar determinaciones que las
afectan severamente.
Sobran en este sentido variedad
de casos que han ocurrido desde los tiempos en que fue impuesta otra identidad
a las etnias originarias, las disposiciones administrativas del visitador
Joseph de Gálvez, atropellos de toda laya como los cambios en la toponimia
regional (v. gr. el nombre de la isla Cerralvo), proyectos de “colonización” como
el del sinarquismo en el valle de Santo Domingo, de “descentralización” en el
sexenio de López Portillo, y la violación a la voluntad general para entronizar
“gobernadores” al arbitrio del poder central, como ha ocurrido en los tiempos
recientes en beneficio de la transición política para aparentar voluntad
democrática.
ANIVERSARIO
LA CARRETERA FEDERAL
1 DE MÉXICO
El 1 de diciembre de 1973 fue inaugurada la carretera
transpeninsular bajacaliforniana “Benito Juárez”, a la que fue asignado el
número 1 del país, de la cual 998 kilómetros corresponden a la Antigua
California, y 713 a la entidad norteña.
Gente de
ambas entidades, el territorio y el estado de Baja California, confluyeron
aquel día alrededor del monumento a esa vía, que es un águila estilizada cuyas
alas simbolizan a las dos Californias mexicanas.
En respuesta
a la convocatoria lanzada por la secretaría de Obras Públicas del gobierno
federal, se recibieron 56 proyectos que aspiraban a obtener el primer lugar y el
derecho de construcción de la primera etapa del monumento, una plaza ceremonial
y un albergue-parador.
El premio
principal de cien mil pesos y el contrato para la realización de los trabajos
fueron asignados a los arquitectos Edmundo Rodríguez Saldívar y Ángel Negrete
González, a la cabeza de otros varios profesionales quienes participaron en el
certamen con el seudónimo de “Atalaya”.
Auténtica
atalaya de 36 metros de altura que puede ser vista desde cinco kilómetros a la
redonda, la enorme ave de acero y concreto y los edificios anexos tuvieron un
costo global de casi 31 millones y medio de pesos.
Aquel sábado
decembrino, precisamente al pie de ese monumento ubicado a la altura del
paralelo 28 grados de latitud norte (línea imaginaria que desde 1891 divide a
ambas Californias peninsulares), hizo uso de la palabra el presidente Luis
Echeverría, quien cumplía así, exactamente a la mitad de su sexenio, un
compromiso de campaña electoral. También hablaron los gobernadores Félix
Agramont y Milton Castellanos, así como el secretario del ramo Luis Enrique
Bracamontes y un representante del congreso de la entidad norteña, el diputado
José López Gastélum, originario de Santa Rosalía, BCS, todos para ponderar
anticipadamente las bondades de la obra.
Días antes
había sido acondicionado ahí, a toda prisa, un museo al que fueron llevados
diversos bienes del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico
sudcaliforniano, que al poco tiempo desaparecieron; del Archivo Histórico impedimos
que extrajeran cosa alguna, pese a las amenazas.
Luego fue
establecida en esas instalaciones la escuela Normal del Desierto, que por
varias razones derivadas de la falta de planeación con que fue creada, hubo de reubicarse
poco después en Loreto con carácter de Centro Regional de Educación Normal
(CREN) que aún conserva.
Como de dicho
conjunto sólo funcionó el albergue-parador, que se concesionó primero a
Nacional Hotelera (como hotel Presidente) y en los últimos años a la cadena de
hoteles La Pinta, de los dos lados fueron hechas propuestas de utilización del
resto del área, sin logro tangible.
Como ninguno
de los proyectos tuvo claridad de objetivos, sustento técnico y voluntad
política suficientes para ser factible y rentable, la secretaría de la Defensa
Nacional terminó por ocuparla.
A pesar de su
utilidad para la región meridional, es razonable que a los bajacalifornianos
poco atractiva resulte la operación de una carretera que es ruta de salida de turistas
locales y norteamericanos hacia el sur. Por eso, para que sea cabalmente
cumplido el propósito de que se construya la carretera de cuatro carriles, debe
haber voluntad política previa y empeño decisivo de ambas partes.
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