ACTUALIDAD

CANAL DEL CONGRESO DE BCS
(Reedición actualizada)

La primera transmisión experimental del Canal del Congreso de la Unión se efectuó el 18 de marzo de 1998, mas no fue hasta 2001 que inició transmisiones por los sistemas de televisión restringida vía satelital.

   Dicho órgano de difusión de las actividades parlamentarias federales está administrado por una comisión que integran representantes de ambas cámaras (diputados y senadores), que en el tiempo que lleva de ser un punto de contacto entre la sociedad y sus legisladores, ha ido más allá de dar a conocer en vivo las sesiones públicas y los trabajos en comisiones, en la exaltable intención de ser vehículo de cultura y diálogo. Se puede abrir en el sitio www.canaldelcongreso.gob.mx/‎

   Igual cosa ocurre con el Canal Judicial (http://www.sitios.scjn.gob.mx/), que comenzó a transmitir el 29 de mayo de 2006, y cuya información explica que “Además de ser el medio para informar a los ciudadanos los quehaceres del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de la Cultura de la Legalidad y del Acceso a la Justicia, el Canal Judicial ofrece programas de calidad, noticias, entrevistas, debates, opinión, reflexiones, culturales, cápsulas infantiles, concursos, cine, series nacionales e internacionales y desde luego sus propias series.”

   Ambos canales pueden sintonizarse en la televisión por cable y satelital; son verdaderamente interesantes pues a más de las transmisiones de sus sesiones, brindan una programación equilibrada, instructiva, amena y de alta calidad.

   Si bien todos los congresos estatales tienen su propio sitio en la red, son los congresos de Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Sonora y Yucatán los que operan ya su propio canal de divulgación televisiva; Sonora ha suscrito, además, con el Canal del Congreso (federal) un acuerdo para difundir sus labores por este medio. El poder legislativo de Tamaulipas sólo cuenta con un convenio similar para el conocimiento público de algunas de sus acciones que consideran importantes.

   Los antecedentes nos llevan a considerar la pertinencia de que, a poco tiempo de que comience a operar la siguiente legislatura, el Congreso sudcaliforniano disponga ya los medios para que la sociedad de nuestra media península conozca de modo directo y activo lo que hagan (o dejen de hacer) los diputados locales.

   Con una sencilla y gratuita “aplicación” (app) se puede incluso transmitir en tiempo real y grabar para la posteridad, desde un simple celular. Todo es, entonces, asunto de voluntad política.

   Sería una forma de acatamiento al derecho popular a la información, a la rendición de cuentas y a la transparencia, con responsabilidad y claridad, todo ello con propósito de innovación en los contenidos para hacerlos amenos, atractivos, divertidos, interesantes, culturizantes.

   Quienes aún ven el canal 8 local, indebidamente utilizado casi exclusivamente para difundir acciones del ejecutivo estatal, saben que éste tiene en él a su vehículo particular de propaganda, pero los legisladores locales carecen de este medio de difusión, y con harta frecuencia pueden escucharse de la gente expresiones del corte de “ignoramos qué hacen”, “no hacen nada”, “no trabajan” “nomás prometen pero nunca sabemos si cumplen” y así por el estilo... Al parecer, los boletines de prensa resultan insuficientes.

   Bueno, pues con un canal del congreso estatal podríamos formarnos una opinión objetiva del quehacer parlamentario, nutrido con reportajes de visitas distritales, entrevistas, noticias, paneles informativos y de discusión, barras de interactividad y todo lo que la tecnología permita, la imaginación incentive y el ingenio produzca.


   Quizá sea razonable pensar que eso es posible.

CRÓNICA HUÉSPED

EL NOMBRE DE CALIFORNIA*

Por Pablo L. Martínez

El origen del nombre que lleva nuestra península ha sido debatido ya por distinguidos historiadores. Sin embargo, daremos aquí nuestra opinión: California se llamó al principio a la región de Santa Cruz, donde se estableció Cortés en 1535, y después a todo el territorio comprendido de ahí al sur, hasta cabo San Lucas. De lo primero da razón Francisco Preciado cuando dice, en su crónica de la expedición de Ulloa: “Habiendo salido de Santa Cruz el 29 de octubre, el 10 de noviembre nos encontramos a 54 leguas de California”. Si comparamos lo que aquí apunta Preciado con lo que dice Ulloa en su relación personal encontramos que Santa Cruz y California son la misma cosa, pues éste afirma que había 50 leguas desde Santa Cruz hasta la punta austral.

   Lo que se muestra en las primitivas crónicas claramente es que fue la gente de Cortés la que bautizó a la península con su nombre actual, aunque no de manera oficial, sino como una especie de mote brotado de la tropa, por alusión a la ficción contenida en Las sergas de Esplandián, a la que tantos autores se han referido por un lado; y por otro, a la leyenda de Cihuatlán, que recogieron los capitanes españoles en la conquista de Colima (carta al emperador en octubre de 1524), en la que se hacía referencia a una isla poblada solamente de mujeres y muy rica en perlas y oro. El padre Segismundo Taraval nos dice, respecto a lo segundo, que se llamaba California por antonomasia a la tierra firme adyacente al trópico de Cáncer, es decir, a lo comprendido de La Paz al sur. La mayor parte de los escritores que tratan del asunto han descartado ya aquello de cálida fórnax, por no ser verosímil.


   *En Pablo L. Martínez: Sergas californianas, por Aidé Grijalva, Max Calvillo y Leticia Landín, UABC, 2006, México, pág. 73. 

EFEMÉRIDES DE LA SEMANA

          Sugerimos ver el noticiario completo y otras secciones interesantes en                                                      olatv.com.mx

ACTUALIDAD

REFORMA MUNICIPAL
(Reedición actualizada)

En el conjunto de reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a promover para fincar el desarrollo presente y por venir de México, deberá estar la reforma a los artículos 115 y demás relativos de la Constitución General de la República, referidos al municipio mexicano.

   Dicho artículo habla, como se sabe, de la composición política de este tercer orden de gobierno --más que gobierno de tercera como ha sido hasta hoy--, y no por falta de visión del constituyente de 1917 sino porque ahora son otras las circunstancias del país.

   La fracción tercera del citado dispositivo dice que los municipios deberán cubrir los servicios públicos y funciones siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito “y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.”

   En este último aspecto se dice también que los municipios “administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria [...],  las participaciones federales y  los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.”

   Y aquí viene otro asunto muy interesante, y es el que se refiere a que “sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios [...]”

   El único impuesto que va directamente a la tesorería del municipio es el predial, pero resulta que éste tiene en la actualidad muchas excepciones, como son los aeropuertos, las iglesias, las escuelas, la CFE y hasta Telmex (que carece hasta hoy de la obligación de cubrir impuestos por sus casetas y publicidad en la vía pública). Inusual, pero justo, es el hecho de que el municipio de San Luis Potosí haya ganado recientemente una controversia a la empresa telefónica de Carlos Slim, la cual llegó a 60 millones de pesos por uso de vía pública; esto crea una jurisprudencia que deberá ser útil en demandas posteriores.

   Una nota reciente en el periódico capitalino El Financiero (13-08-2015) expresa que “Las tarifas eléctricas 5, 5-A y 6 que pagan ciudades y municipios del país por alumbrado público, semáforos o decoraciones temporales se incrementaron mensualmente entre 6 y hasta 9 por ciento, a diferencia de lo ocurrido con la facturación de luz en hogares, comercios e industrias que disminuyeron a ritmos de entre 25 y 30 por ciento cada mes, en comparación con el 2014.” Añade que “En el caso de la tarifa 5A que utilizan todos los municipios -con excepción de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal-, el costo subió 9.4 por ciento en junio de 2015 contra el mismo mes de 2014.
En México las erogaciones de iluminación y alumbrado público representan entre el 5 y hasta el 10 por ciento de todos los costos de las administraciones locales, de acuerdo con Fitch Ratings, firma consultora que ofrece productos y servicios para la industria financiera.  

   Durante el seminario “Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional” que se efectuó el 2 de octubre pasado (2014) en el Senado de la República, Sergio Arredondo Olvera, quien dirigía la Federación Nacional de Municipios de México, afirmó que el modelo municipal de esta república está agotado, y por esto tiene que cambiar, dijo contundentemente.

   Subrayó el hecho de que el municipio, primera instancia del contacto ciudadano con su autoridad, así como ésta, son considerados como menores de edad o tácitamente incapaces, y su significación es, en consecuencia, limitada por un paternalismo federal y estatal que funciona más bien como camisa de fuerza, que acota de manera abusiva las potencialidades de la gente que vive y se desenvuelve en el municipio, que es su hábitat político fundamental, la polis, la ciudad.

   Habló de  una “debilidad hacendaria inaceptable” porque, nótese bien: del fondo general de participaciones (reparto presupuestario nacional), el 80 % se lo queda la federación, el 16 % es para repartir en las 32 entidades federativas, y sólo el 4 % está destinado a la totalidad de los municipios. Los suecos, en cambio (por citar sólo un ejemplo), otorgan el 94 % de sus ingresos fiscales al municipio.

   El escepticismo social por el insuficiente desempeño de la administración municipal en materia económica ha llevado a culpar de ello a los ayuntamientos, siendo que su exiguo beneficio es a causa de un obsoleto funcionamiento del régimen municipal, derivado básicamente de la precaria asignación de recursos a éste.

   Dijo el municipalista en su intervención que “se requiere un federalismo más vigoroso... una revolución urbana..., tenemos que crear un nuevo modelo municipal para nuestro país, con mayor equidad entre esos tres órdenes de gobierno y poniendo a los ciudadanos en el centro...”

   Afirmó que “el municipio debe ser actor clave en el desarrollo de nuestro país” y concederle mayor autonomía, así como equidad fiscal y presupuestaria. Para apuntar una incongruencia en este sentido, recuerda que el impuesto de alcoholes es recaudado íntegramente por la federación, y el trabajo de lidiar con los borrachos debe ser asumido íntegramente por la policía que paga el erario municipal.

   En el mismo orden de ideas, recuérdese que los impuestos sobre la pesca son federales, y es el ayuntamiento el que tiene la obligación de prestar los servicios públicos a las comunidades ribereñas que se dedican a esa actividad. Le es exigido el trabajo de rellenar los baches (lo cual está en capacidad de hacer con su personal y equipo), pero carece de una partida presupuestaria y dinero para comprar chapopote.

  Cada competencia debe tener sus recursos, sostiene Arredondo Olvera; es lo justo y coherente, pero resulta que en la actualidad se demanda al ayuntamiento atender servicios para los que no se le asignan elementos pecuniarios.

   En la nueva reforma municipal que urge, se deberán, pues, hacer modificaciones sustanciales en materias institucional, política y hacendaria, dando voz y voto a las representaciones municipales en las decisiones que atañen al país.

  A finales de noviembre anterior se llevó a cabo en la capital jalisciense la Conferencia Nacional de Municipios, de la que derivó la “Declaratoria de Guadalajara”, de 5 puntos, el último de los cuales expresa que se propone “Impulsar una gran reforma municipalista que actualice el artículo 115 Constitucional y que promueva el fortalecimiento de las competencias de los gobiernos locales, con especial énfasis en garantizar la rectoría del municipio sobre el espacio público urbano para que empresas privadas cumplan con el pago de los derechos por uso de la vía pública.”  Ello, creemos, deberá incluir a los organismos paraestatales como la CFE.


   Entonces, resulta a todas luces imprescindible ya que el municipio se haga fuerte para que haga fuerte a México.