UNA BUENA, UNA MALA Y OTRA PEOR
La
buena es que por estos días apareció, mediante un boletín originado en la
secretaría de Finanzas del gobierno de BCS, la noticia de que una empresa
calificadora denominada “Fitch Ratings”
(FR) subió la valoración a la “calidad crediticia” de la administración
estatal en un rango cuya metodología se omite, ya que poco nos dice su tránsito
de A- a A, y qué significa todo eso en términos asequibles al común de los destinatarios
de la información que constituyen a la sociedad sudcaliforniana.
Esa
misma información oculta de modo implícito el hecho (a lo mejor bienintencionadamente,
vaya usted a saber) de que, en términos generales, se “elevó la calificación de
la deuda soberana de México en un escalón, por la solidez de los fundamentos
económicos del país y las expectativas favorables sobre las reformas
estructurales, ante el compromiso político de seguir avanzando en la agenda
económica.” (Véase http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fitch-ratings-sube-la-calificacion-soberana-de-mexico.html/)
Por
otra parte, los resultados actuales de FR para BCS han estado mencionados con
sospechosa insistencia en los medios, aparentemente para asegurar una corriente
de opinión afín al oficialismo, de manera de que hasta un diputado local, de
incierto perfil de la bancada del ejecutivo, ya emitió loas prenunciadoras de
su voto para lo que venga en esta materia.
La
experiencia pone la alerta en el sentido de que quizá, con tan reiterado
mensaje, se esté diseñando la atenuación del impacto público que tendría el
anuncio de un nuevo empréstito gubernamental, porque un reciente boletín
termina diciendo (como dato adicional sin mayor importancia) que “esta
calificación ubica a la administración estatal en una privilegiada posición a
nivel nacional y [ojo] abre la posibilidad de mejorar las condiciones en que se
tienen contratados los créditos actuales, así como [léase con cuidado] de
acceder a los mercados financieros en condiciones mucho más favorables...”
Lo
cual, añadidamente a todo lo que ha sido cargado a la cuenta pública estatal en
lo que va del siglo, comprometería aún más a cada uno de los sudcalifornianos
hasta quién sabe qué año de este milenio, y eso a condición de que fueran
cubiertos con oportunidad los servicios (reembolsos del capital y pago de intereses)
de la deuda.
Evitemos
adelantar vísperas, pero estemos prevenidos. Y que conste que este blog lo dijo primero.
Ésta
sería la mala.
La
peor es que el ayuntamiento de La Paz se halla ahora, a un año de su entrada
triunfal acusando al régimen anterior de todo lo acusable, entre el 60 por ciento
de los municipios que reprobó el gasto público, según informe de la secretaría
de Hacienda de México, que es decir los que registraron menos de 50 por ciento
de cumplimiento de metas.