LIBRERÍA


Mina San Rafael. Microhistoria de un litigio, transcripción, introducción y notas por E. M. Coronado, Ayuntamiento de La Paz, BCS (colección Cabildo, núm. 4), 1976.

La vasta riqueza documental del archivo histórico (AHPLM) de Baja California Sur me permitió ofrecer, hace poco más de siete lustros, un estudio por demás interesante en la serie editorial que dispuso en su programa de servicios a la cultura el presidente municipal Jorge Santa González.
   Se trata del litigio llevado a cabo por la posesión de la mina San Rafael en 1876, es decir una pequeña historia ya por entonces centenaria cuyos materiales se reproducen en facsímil, seguidos de su traslado correspondiente en letra de imprenta para facilitar su lectura.
     Desde 1744 la entidad sudcaliforniana se abrió a la minería con los primeros trabajos en el real de Santa Ana por Manuel de Ocio, antiguo soldado de Loreto quien, habiendo reunido algún capital con el comercio de perlas, lo dedicó al aprovechamiento de las vetas de plata que había encontrado al sur de La Paz.
   Empleó para ello a buena cantidad de indígenas de Sonora, con los cuales pudo ir obteniendo cantidades considerables del metal. De ahí siguieron Mojantes, Real del Oro, San Antonio, Texcalama y el Triunfo, principalmente, todos hacia la zona meridional de la capital del Estado.
   En 1861, durante el gobierno de Juárez, se registró en la península de Baja California una importante inimigración de extranjeros, sobre todo franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos, que poco buen éxito obtuvieron como mineros. Comenzaron ya en forma las operaciones en El Triunfo, que alcanzó el auge apenas doce años después, cuando su población –indios yaquis la mayoría- alcanzó los diez mil habitantes.
   Fue entonces y en la misma región donde tuvieron lugar las labores de explotación argentífera dentro de las zonas mineras conocidas como Las Cacachilas y Las Vírgenes. “A cosa de quince millas al sur” (como se lee en uno de los documentos) de la primera se hallaba la mina San Rafael.
   El trabajo incluye los veinte manuscritos del expediente judicial, en 111 páginas, añadidos una breve bibliografía de obras consultadas y el índice general.