El proyecto del nuevo edificio del Archivo Histórico “Pablo L. Martínez” de Baja California Sur, se halla en peligro de quedar sin efecto debido a que ha dejado de cubrirse la porción que corresponde aportar al gobierno del estado.
El 28 de agosto anterior asistí como invitado al acto en que fue suscrito el convenio mediante el cual el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la administración estatal se comprometieron a participar con cinco millones setecientos mil pesos cada uno para iniciar la obra, que se planeó ubicar dentro de la Unidad Cultural “Jesús Castro Agúndez” en superficie de 1,200 metros cuadrados.
Presidieron la reunión y signaron primeramente el documento el director del Instituto sudcaliforniano de Cultura y dos representantes del CONACULTA.
En otra actividad oficial reciente del propio archivo, todos los asistentes pudimos enterarnos de que la mitad federal ya está depositada, y que el comienzo de la construcción se halla en espera de que el ejecutivo regional entregue la cantidad con que convino en participar.
La edificación deberá ser terminada en abril próximo o el financiamiento irá a otro lado, y ni siquiera ha podido ser licitada ante la falta de concurrencia de la otra mitad del recurso concertado, debido a lo cual ya nos estamos enfrentando al riesgo de perder también esa posibilidad por incumplimiento de la parte local.
Como se sabe, nuestro archivo histórico ha debido pasar, desde que nació en Loreto, una larga cadena de penalidades hasta su rescate en 1969 por el gobierno de Hugo Cervantes del Río y la instalación que de él hizo el gobernador Alberto Alvarado Arámburo en el espacio que ocupa hasta el presente en la planta alta del cuerpo anterior del Teatro de la Ciudad de La Paz, a principios de 1987.
Sin bien la importante institución custodia de la memoria histórica de los sudcalifornianos estuvo bien en ese lugar durante los primeros años, a estas alturas han crecido sus funciones y acervo de tal modo que requiere amplitud suficiente que parecía que iba a proporcionarle la nueva edificación, pero infortunadamente la probabilidad de ser suspendida se cierne sobre ese objetivo de tanta significación para la entidad.
Podrá argumentarse lo que sea para faltar al compromiso, lo cierto es que se trata de un convenio que debería ser satisfecho pese a todo, y no sólo para salvar la reputación del régimen sino porque estamos hablando de una obra necesaria por todos conceptos.
El interés de este bloguero por el asunto no es gratuito: me preocupa como ex director de ese repositorio, por otras varias razones y ser miembro del grupo que constituye la Contraloría Social de la obra referida; con este último carácter fui de los firmantes del dichoso convenio.
De cualquier modo, la sociedad académica en particular deberá quedar advertida de que tal prometido apuntalamiento para nuestro desarrollo cultural está a punto de frustrarse.