LOS DISLATES DE GRACO
Hace poco tiempo, en visita de proselitismo político a Baja California Sur (Bcs), el senador Graco Ramírez expresó que “algunos personajes se sienten dueños del movimiento del 99”, en solapada alusión a Leonel Cota Montaño (Lcm) quien, como se sabe, recientemente desertó de las filas perredistas para refugiar en otro partido su candidatura por la presidencia municipal de Los Cabos.
Algunos creemos que es de toda justicia reconocer la contribución fundamental de Lcm al inusitado vigor que el Partido de la Revolución Democrática (Prd) adquirió a raíz de que dicho "personaje", en el proceso electoral de 1998-1999 desertó del Partido Revolucionario Institucional (Pri) a fin de amparar en el Prd su candidatura para gobernador, que finalmente ganó merced a resultados comiciales aún cuestionados.
Es objetivamente cierto que en Bcs, jamás la izquierda (en sus diversas denominaciones: Pc, Pps, Pst, Psum, Prd, etc.) había tenido significación electoral alguna, hasta que este personaje aprovechó coyunturas de descontento por tropiezos de la administración pública local, sagazmente manejadas y amplificadas en el ánimo popular, para acceder al poder estatal, con que inició el citado “movimiento del 99”, proyectado para permanecer en el gobierno por lo menos durante dieciocho años.
Están por cumplirse dos terceras partes de ese propósito, con muy malos pronósticos (para quienes lo diseñaron, claro está).
Pero lo que todo el mundo debe reconocer es que Lcm fue el auténtico artífice de la hegemonía bisexenal del perredismo en Bcs, y todo hace prever que, sin su paternidad, ese instituto volverá a sus orígenes de mínima valía política.
El senador Ramírez tuvo otro desatino en esa infortunada estadía en territorio sudpeninsular: con total desconocimiento del escenario regional se permitió la imprudencia de expresar que el Prd apuesta por el voto inmigrante para ganar las elecciones del 6 de febrero, porque inmigrante es su candidato a gobernador.
Dejó sin aclarar a qué voto inmigrante se refirió: si el de quienes se han incorporado a la vida del estado con su trabajo honrado y productivo y en él han formado sus familias, o el de aquellos que han sido contratados para obtener aquí la credencial de elector (con la complacencia de las autoridades registrales), volverlos a sus lugares de origen y luego hacerlos regresar a sufragar el domingo electivo, o de plano dejarlos asentados en terrenos invadidos.
En el primer caso está ciertamente equivocado porque nadie duda de la lealtad e integración a esta tierra de los compatriotas que han inmigrado buscando en ella un lugar mejor para vivir.
Acertó si se refiere a los segundos, objetos de acarreo político extraestatal (sumamente oneroso pero que en una elección de estado se paga con fondos del erario), cuya concurrencia sería ilegítimamente influyente en las cuentas comiciales y atentatoria contra los intereses de la sociedad sudcaliforniana.
Es esta última una situación a todas luces anómala, que debería ser investigada y, en su caso, fiscalizada por los otros partidos y los institutos federal y estatal electorales.
em_coronado@yahoo.com
Hace poco tiempo, en visita de proselitismo político a Baja California Sur (Bcs), el senador Graco Ramírez expresó que “algunos personajes se sienten dueños del movimiento del 99”, en solapada alusión a Leonel Cota Montaño (Lcm) quien, como se sabe, recientemente desertó de las filas perredistas para refugiar en otro partido su candidatura por la presidencia municipal de Los Cabos.
Algunos creemos que es de toda justicia reconocer la contribución fundamental de Lcm al inusitado vigor que el Partido de la Revolución Democrática (Prd) adquirió a raíz de que dicho "personaje", en el proceso electoral de 1998-1999 desertó del Partido Revolucionario Institucional (Pri) a fin de amparar en el Prd su candidatura para gobernador, que finalmente ganó merced a resultados comiciales aún cuestionados.
Es objetivamente cierto que en Bcs, jamás la izquierda (en sus diversas denominaciones: Pc, Pps, Pst, Psum, Prd, etc.) había tenido significación electoral alguna, hasta que este personaje aprovechó coyunturas de descontento por tropiezos de la administración pública local, sagazmente manejadas y amplificadas en el ánimo popular, para acceder al poder estatal, con que inició el citado “movimiento del 99”, proyectado para permanecer en el gobierno por lo menos durante dieciocho años.
Están por cumplirse dos terceras partes de ese propósito, con muy malos pronósticos (para quienes lo diseñaron, claro está).
Pero lo que todo el mundo debe reconocer es que Lcm fue el auténtico artífice de la hegemonía bisexenal del perredismo en Bcs, y todo hace prever que, sin su paternidad, ese instituto volverá a sus orígenes de mínima valía política.
El senador Ramírez tuvo otro desatino en esa infortunada estadía en territorio sudpeninsular: con total desconocimiento del escenario regional se permitió la imprudencia de expresar que el Prd apuesta por el voto inmigrante para ganar las elecciones del 6 de febrero, porque inmigrante es su candidato a gobernador.
Dejó sin aclarar a qué voto inmigrante se refirió: si el de quienes se han incorporado a la vida del estado con su trabajo honrado y productivo y en él han formado sus familias, o el de aquellos que han sido contratados para obtener aquí la credencial de elector (con la complacencia de las autoridades registrales), volverlos a sus lugares de origen y luego hacerlos regresar a sufragar el domingo electivo, o de plano dejarlos asentados en terrenos invadidos.
En el primer caso está ciertamente equivocado porque nadie duda de la lealtad e integración a esta tierra de los compatriotas que han inmigrado buscando en ella un lugar mejor para vivir.
Acertó si se refiere a los segundos, objetos de acarreo político extraestatal (sumamente oneroso pero que en una elección de estado se paga con fondos del erario), cuya concurrencia sería ilegítimamente influyente en las cuentas comiciales y atentatoria contra los intereses de la sociedad sudcaliforniana.
Es esta última una situación a todas luces anómala, que debería ser investigada y, en su caso, fiscalizada por los otros partidos y los institutos federal y estatal electorales.
em_coronado@yahoo.com