ANÁLISIS Y DESCALIFICACIONES
Un día antes de realizarse la reunión de análisis del penúltimo informe del gobernador de esta entidad, un vocero secundario del partido en el poder se propuso descalificar mediáticamente lo que se anunciaba como foro de expresión independiente. Ello fue una inconstitucional censura previa y evidencia clara de la intolerancia (cerrazón, dicen), luminosa como el sol, que al primar en el interior de ese instituto político se pretende hacer extensiva al resto de la colectividad, que por su parte no está en condiciones de tolerar.
En un régimen de izquierda totalitaria, en lo que desembocan todos los ideólogos y cabecillas de la llamada dictadura del proletariado, seguramente la víspera se nos hubiera echado a la cárcel bajo la acusación de “peligrosidad social predelictiva”, figura creada fuera de cualquier norma jurídica por el más fiero castrismo para vedar toda manifestación crítica al gobierno.
Sin embargo vivimos en un orden democrático, y no merced a los partidos y los caudillos sino a los empeños de los mexicanos durante dos siglos por alcanzar esta forma de existencia cuyo componente originario es la libertad de expresión individual y colectiva.
Me consta que el grupo de estudio, lejos de partir del supuesto de que todo está mal, se exigió a sí mismo la mayor objetividad en sus indagaciones, exámenes comparativos y planteamientos. Pero desde el principio todos encontramos relevante incoherencia entre lo que teóricamente se planteó esta administración como Plan Estatal de Desarrollo y lo que realmente ha sido realizado, incluso con lo que ha sido informado.
Se invitó a asistir al acto a los representantes de los tres ámbitos de poder y las alineaciones políticas, instituciones y organismos sociales del estado, para lo cual no se exigió requisito alguno de admisión, y donde se obtuvo registro de alrededor de un centenar de ciudadanos, todos interesados en conocer los resultados de las búsquedas en este sentido. A ninguno se le transportó en unidades alquiladas ni se le dio torta con refresco y un sobre, y todo corrió por cuenta de cada uno de los organizadores y participantes.
Desde luego, a nadie causa desvelo lo que ocurre en el partido del gobernador; lo que se hizo fue un análisis del informe del gobernador, tan detallado y amplio como fue posible, a despecho de la carencia de algunos datos importantes que la vaguedad (cuando no el definitivo velo) en la información oficial impidió obtener, suplida por necesidad con indagaciones en ámbitos extragubernamentales y con el concurso de informantes creíbles del propio gobierno.
Pero sucede que fueron los dirigentes del partido del gobernador los que se sintieron agraviados por las conclusiones: tres días después, otro vocero de mayor rango negó la objetividad del foro por estar “dirigido y conformado por ex-candidatos del PRI derrotados en las urnas y personajes vinculados a ese y otros partidos” como si ello, en caso de ser cierto en términos tan amplios, debiera inhibir el interés general por esclarecer los asuntos que nos competen a todos.
Hasta donde recuerdo, cuando hubo errores y desatinos en las administraciones de índole priista jamás salió su partido a dar la cara o procurarles salvamento, sin duda porque se asumió que los servidores metidos en problemas tenían que enfrentarlos y resolverlos por su lado. Es regla tácita que los aciertos son del partido y los errores del funcionario. Y así cada quien a lo suyo, sin injerencias gratuitas y estériles.
Al Frente Ciudadano en Defensa de la Sociedad, integrado por cuatro organizaciones civiles, este personaje le llamó “club de resentidos y nostálgicos del poder”. A una de las personas que participó en la exposición la cuestionó “por delitos cometidos durante su desempeño” en un gobierno anterior, lo cual significa una acusación que la parte agraviada está en su derecho de llevar a los tribunales, con la condición de que éstos fuesen confiables.
También llamó “gratificante ejercicio de cinismo” al análisis, e invitó a no olvidar que “los sudcalifornianos tenemos memoria.” Una memoria, decimos, que la misma estructura en el mando político ha estado negando sistemáticamente, según a todos consta, desconociendo la historia y los valores de esta comunidad, como si todo aquí hubiera empezado en 1999.
Hizo referencia, desde luego, a la realización de “obras de gran impacto social” que, de gran impacto social o no, son parte de las tareas que debe llevar a cabo el gobierno, por las que se le paga, y bastante bien.
Efectivamente, “es difícil cambiar la percepción de los sudcalifornianos sobre el trabajo realizado por el gobernador”, y ya no le queda tiempo...
El gobierno habla constantemente de que hace “esfuerzos” para esto y para lo otro, pero lo que lleva a cabo no son esfuerzos sino el simple cumplimiento de sus obligaciones constitucionales; en el caso de que las cumpla, se entiende.
Ahora que, gobernar es mucho más que hacer obra pública, de buena o mala calidad. Y tiene qué ver con el modo de aplicar los recursos del erario, con quienes manejan los asuntos que atañen a todos, con los mecanismos del ejercicio del poder y con otras cosas más allá de los simples “resultados” y afeites estadísticos.
Función gubernativa sustancial es demostrar congruencia mínima entre el discurso y los hechos. La valoración general consecuente es que no hay relación entre uno y otros.
Lo que hicimos en el foro fue verificar con cifras y datos documentados lo que ya intuye la gente.
Penoso papel el de los dirigentes partidarios de la autoridad política estatal, empujados a defender lo que no requiere defensa sino rectificación, desempeño pertinente, claridad, responsabilidad, equidad, justicia, respeto y todo aquello cuya falta fue hecha notar, con objetividad meridiana, en la reunión de referencia.
Insistir en hacer recuentos de aspectos negativos del pasado para justificar los hechos indeseables del presente es pérdida infértil de un tiempo que más bien estamos en el deber de recuperar y aprovechar mejor.
Por otro lado, “comparar los gobiernos del PRI con los gobiernos del PRD” podría ser, en su oportunidad, materia de un interesante debate que indispensablemente evitaría empezar con la proposición de que los gobiernos emanados del segundo son mejores.
En Baja California Sur han desperdiciado un largo docenio para demostrarlo.
em_coronado@yahoo.com
Un día antes de realizarse la reunión de análisis del penúltimo informe del gobernador de esta entidad, un vocero secundario del partido en el poder se propuso descalificar mediáticamente lo que se anunciaba como foro de expresión independiente. Ello fue una inconstitucional censura previa y evidencia clara de la intolerancia (cerrazón, dicen), luminosa como el sol, que al primar en el interior de ese instituto político se pretende hacer extensiva al resto de la colectividad, que por su parte no está en condiciones de tolerar.
En un régimen de izquierda totalitaria, en lo que desembocan todos los ideólogos y cabecillas de la llamada dictadura del proletariado, seguramente la víspera se nos hubiera echado a la cárcel bajo la acusación de “peligrosidad social predelictiva”, figura creada fuera de cualquier norma jurídica por el más fiero castrismo para vedar toda manifestación crítica al gobierno.
Sin embargo vivimos en un orden democrático, y no merced a los partidos y los caudillos sino a los empeños de los mexicanos durante dos siglos por alcanzar esta forma de existencia cuyo componente originario es la libertad de expresión individual y colectiva.
Me consta que el grupo de estudio, lejos de partir del supuesto de que todo está mal, se exigió a sí mismo la mayor objetividad en sus indagaciones, exámenes comparativos y planteamientos. Pero desde el principio todos encontramos relevante incoherencia entre lo que teóricamente se planteó esta administración como Plan Estatal de Desarrollo y lo que realmente ha sido realizado, incluso con lo que ha sido informado.
Se invitó a asistir al acto a los representantes de los tres ámbitos de poder y las alineaciones políticas, instituciones y organismos sociales del estado, para lo cual no se exigió requisito alguno de admisión, y donde se obtuvo registro de alrededor de un centenar de ciudadanos, todos interesados en conocer los resultados de las búsquedas en este sentido. A ninguno se le transportó en unidades alquiladas ni se le dio torta con refresco y un sobre, y todo corrió por cuenta de cada uno de los organizadores y participantes.
Desde luego, a nadie causa desvelo lo que ocurre en el partido del gobernador; lo que se hizo fue un análisis del informe del gobernador, tan detallado y amplio como fue posible, a despecho de la carencia de algunos datos importantes que la vaguedad (cuando no el definitivo velo) en la información oficial impidió obtener, suplida por necesidad con indagaciones en ámbitos extragubernamentales y con el concurso de informantes creíbles del propio gobierno.
Pero sucede que fueron los dirigentes del partido del gobernador los que se sintieron agraviados por las conclusiones: tres días después, otro vocero de mayor rango negó la objetividad del foro por estar “dirigido y conformado por ex-candidatos del PRI derrotados en las urnas y personajes vinculados a ese y otros partidos” como si ello, en caso de ser cierto en términos tan amplios, debiera inhibir el interés general por esclarecer los asuntos que nos competen a todos.
Hasta donde recuerdo, cuando hubo errores y desatinos en las administraciones de índole priista jamás salió su partido a dar la cara o procurarles salvamento, sin duda porque se asumió que los servidores metidos en problemas tenían que enfrentarlos y resolverlos por su lado. Es regla tácita que los aciertos son del partido y los errores del funcionario. Y así cada quien a lo suyo, sin injerencias gratuitas y estériles.
Al Frente Ciudadano en Defensa de la Sociedad, integrado por cuatro organizaciones civiles, este personaje le llamó “club de resentidos y nostálgicos del poder”. A una de las personas que participó en la exposición la cuestionó “por delitos cometidos durante su desempeño” en un gobierno anterior, lo cual significa una acusación que la parte agraviada está en su derecho de llevar a los tribunales, con la condición de que éstos fuesen confiables.
También llamó “gratificante ejercicio de cinismo” al análisis, e invitó a no olvidar que “los sudcalifornianos tenemos memoria.” Una memoria, decimos, que la misma estructura en el mando político ha estado negando sistemáticamente, según a todos consta, desconociendo la historia y los valores de esta comunidad, como si todo aquí hubiera empezado en 1999.
Hizo referencia, desde luego, a la realización de “obras de gran impacto social” que, de gran impacto social o no, son parte de las tareas que debe llevar a cabo el gobierno, por las que se le paga, y bastante bien.
Efectivamente, “es difícil cambiar la percepción de los sudcalifornianos sobre el trabajo realizado por el gobernador”, y ya no le queda tiempo...
El gobierno habla constantemente de que hace “esfuerzos” para esto y para lo otro, pero lo que lleva a cabo no son esfuerzos sino el simple cumplimiento de sus obligaciones constitucionales; en el caso de que las cumpla, se entiende.
Ahora que, gobernar es mucho más que hacer obra pública, de buena o mala calidad. Y tiene qué ver con el modo de aplicar los recursos del erario, con quienes manejan los asuntos que atañen a todos, con los mecanismos del ejercicio del poder y con otras cosas más allá de los simples “resultados” y afeites estadísticos.
Función gubernativa sustancial es demostrar congruencia mínima entre el discurso y los hechos. La valoración general consecuente es que no hay relación entre uno y otros.
Lo que hicimos en el foro fue verificar con cifras y datos documentados lo que ya intuye la gente.
Penoso papel el de los dirigentes partidarios de la autoridad política estatal, empujados a defender lo que no requiere defensa sino rectificación, desempeño pertinente, claridad, responsabilidad, equidad, justicia, respeto y todo aquello cuya falta fue hecha notar, con objetividad meridiana, en la reunión de referencia.
Insistir en hacer recuentos de aspectos negativos del pasado para justificar los hechos indeseables del presente es pérdida infértil de un tiempo que más bien estamos en el deber de recuperar y aprovechar mejor.
Por otro lado, “comparar los gobiernos del PRI con los gobiernos del PRD” podría ser, en su oportunidad, materia de un interesante debate que indispensablemente evitaría empezar con la proposición de que los gobiernos emanados del segundo son mejores.
En Baja California Sur han desperdiciado un largo docenio para demostrarlo.
em_coronado@yahoo.com