SOBRE EL INFORME DE “RESULTADOS”
Cuando se escucha y lee la frase “Lo que cuenta son los resultados” del señor que desde hace ya cinco años encarna al poder ejecutivo de Baja California Sur, uno se pregunta si quien la sostiene sabe lo que está diciendo.
En continuación de tal idea, a la rendición de cuentas que parcialmente acaba de hacer le ha llamado “ informe de resultados”, denominación que incumple lo dispuesto por la Constitución sudcaliforniana en el artículo 79 (De las facultades y obligaciones del gobernador), fracción XX, que es “Rendir al congreso un informe anual del estado que guarde la administración pública de la entidad.”
Ahora, suponer que los “resultados” han de constituir los parámetros, la medida única del quehacer gubernamental, sin ningún otra forma posible de valorarlo o cuestionarlo, es lo mismo que asumir la conocida argumentación de que “el fin justifica los medios”.
Apuntalar toda obra de la administración pública en esa tesis resulta perverso y peligroso para la vida democrática, porque se intenta con ella purificar todos los productos de la acción política, sean cuales fueren los procedimientos de que se valió ésta para lograrlos.
En “El Príncipe”, obra clásica de Nicolas Maquiavelo, la razón suprema no es otra que la razón de Estado (que personifica en el gobernante), que para el autor italiano constituye un fin último, un fin en sí, no sólo independiente sino también opuesto al orden moral y a los valores éticos, y situado incluso por encima de ellos.
De manera que, para el que se halla en la cima del poder, el bien supremo no sería ya la virtud, la felicidad, el bienestar, la justicia, la perfección, el placer o cualquiera de los objetivos que para el ser humano proponen los moralistas, sino la fuerza y el poder del Estado y de su personificación en la figura del gobernante.
Ello supone que el bien del Estado no ha de subordinarse al bien del individuo, y su fin está en absoluto por encima de todos los fines particulares.
Pocas cosas hay tan nocivas como que alguien, en la cúspide de las decisiones, crea que está facultado para hacer lo que le venga en gana si ello le permite lograr las metas del Estado, o las suyas propias (ya que algunos llegan a considerar a éste como su botín particular).
Porque “lo que le venga en gana” es pragmatismo-oportunismo puro y puede significar desviaciones y malversación, tráfico de influencias, nepotismo, persistencia en el error, corrupción, violaciones a la ley, a la ética y las normas de la convivencia colectiva, al respeto que está obligado a preservar para la sociedad así como para cada uno de sus miembros, aunque no pertenezcan a su familia o al grupo gobernante.
En dicha consigna también está visible el boceto de una pretensión autoritaria, embozada en la intención de convencer “a priori” de que todo lo que se haga en tal sentido estará bien hecho. Y de ese modo se pretende legitimar todo abuso de poder, toda transgresión a la ley, toda conculcación al estado de derecho.
De cualquier manera, el reciente quinto informe de “resultados” privilegió la cita de montos inaprensibles de inversión económica en los rubros tradicionales de la administración estatal, que muy poco dicen del verdadero sentido de la tarea gobernamental, que básicamente es promover el desarrollo responsable con equidad, garantizar y preservar la tranquilidad social y, por encima de todo ello, la confianza comunitaria en sus autoridades.
En cambio adoleció de omisiones importantes, pues se esperaban respuestas a situaciones graves que han conflictuado en los últimos tiempos a la sociedad sudcaliforniana, la cual finalmente quedó frustrada por la ausencia, en el documento de balance anual, de aclaraciones oportunas y pertinentes a aspectos esenciales de nuestra vida pública.
Lo que se escuchó este 15 de marzo fue un discurso de subjetividades en buena medida insustanciales; habrá que esperar la revisión del anexo técnico respectivo y la comparecencia de funcionarios en el congreso estatal, que constituirán el comentario oficial, para nutrir en parte las conclusiones de la colectividad sobre la tarea gubernativa.
Independientemente de ello, tenemos conocimiento de que por lo menos dos organismos políticos, carentes de compromisos con el régimen, se preparan para hacer la glosa social del informe en los siguientes días.
em_coronado@yahoo.com
Cuando se escucha y lee la frase “Lo que cuenta son los resultados” del señor que desde hace ya cinco años encarna al poder ejecutivo de Baja California Sur, uno se pregunta si quien la sostiene sabe lo que está diciendo.
En continuación de tal idea, a la rendición de cuentas que parcialmente acaba de hacer le ha llamado “ informe de resultados”, denominación que incumple lo dispuesto por la Constitución sudcaliforniana en el artículo 79 (De las facultades y obligaciones del gobernador), fracción XX, que es “Rendir al congreso un informe anual del estado que guarde la administración pública de la entidad.”
Ahora, suponer que los “resultados” han de constituir los parámetros, la medida única del quehacer gubernamental, sin ningún otra forma posible de valorarlo o cuestionarlo, es lo mismo que asumir la conocida argumentación de que “el fin justifica los medios”.
Apuntalar toda obra de la administración pública en esa tesis resulta perverso y peligroso para la vida democrática, porque se intenta con ella purificar todos los productos de la acción política, sean cuales fueren los procedimientos de que se valió ésta para lograrlos.
En “El Príncipe”, obra clásica de Nicolas Maquiavelo, la razón suprema no es otra que la razón de Estado (que personifica en el gobernante), que para el autor italiano constituye un fin último, un fin en sí, no sólo independiente sino también opuesto al orden moral y a los valores éticos, y situado incluso por encima de ellos.
De manera que, para el que se halla en la cima del poder, el bien supremo no sería ya la virtud, la felicidad, el bienestar, la justicia, la perfección, el placer o cualquiera de los objetivos que para el ser humano proponen los moralistas, sino la fuerza y el poder del Estado y de su personificación en la figura del gobernante.
Ello supone que el bien del Estado no ha de subordinarse al bien del individuo, y su fin está en absoluto por encima de todos los fines particulares.
Pocas cosas hay tan nocivas como que alguien, en la cúspide de las decisiones, crea que está facultado para hacer lo que le venga en gana si ello le permite lograr las metas del Estado, o las suyas propias (ya que algunos llegan a considerar a éste como su botín particular).
Porque “lo que le venga en gana” es pragmatismo-oportunismo puro y puede significar desviaciones y malversación, tráfico de influencias, nepotismo, persistencia en el error, corrupción, violaciones a la ley, a la ética y las normas de la convivencia colectiva, al respeto que está obligado a preservar para la sociedad así como para cada uno de sus miembros, aunque no pertenezcan a su familia o al grupo gobernante.
En dicha consigna también está visible el boceto de una pretensión autoritaria, embozada en la intención de convencer “a priori” de que todo lo que se haga en tal sentido estará bien hecho. Y de ese modo se pretende legitimar todo abuso de poder, toda transgresión a la ley, toda conculcación al estado de derecho.
De cualquier manera, el reciente quinto informe de “resultados” privilegió la cita de montos inaprensibles de inversión económica en los rubros tradicionales de la administración estatal, que muy poco dicen del verdadero sentido de la tarea gobernamental, que básicamente es promover el desarrollo responsable con equidad, garantizar y preservar la tranquilidad social y, por encima de todo ello, la confianza comunitaria en sus autoridades.
En cambio adoleció de omisiones importantes, pues se esperaban respuestas a situaciones graves que han conflictuado en los últimos tiempos a la sociedad sudcaliforniana, la cual finalmente quedó frustrada por la ausencia, en el documento de balance anual, de aclaraciones oportunas y pertinentes a aspectos esenciales de nuestra vida pública.
Lo que se escuchó este 15 de marzo fue un discurso de subjetividades en buena medida insustanciales; habrá que esperar la revisión del anexo técnico respectivo y la comparecencia de funcionarios en el congreso estatal, que constituirán el comentario oficial, para nutrir en parte las conclusiones de la colectividad sobre la tarea gubernativa.
Independientemente de ello, tenemos conocimiento de que por lo menos dos organismos políticos, carentes de compromisos con el régimen, se preparan para hacer la glosa social del informe en los siguientes días.
em_coronado@yahoo.com