QUITAR MÁS QUE EL NOMBRE
De pronto, con un golpe artero e inesperado, el poder ejecutivo federal nos hizo saber la nula significación que para él tiene la soberanía de uno de los estados que integran a la federación mexicana.
Tal vez supuso que el único efecto de tal aberración sería la modificación señalada por el acuerdo publicado el pasado 17 de noviembre; pero no: el atropello infligido a los sudcalifornianos con el cambio de nombre de una de sus islas, resulta más que eso...
Porque junto al riesgo de perder un elemento imprescindible de la nomenclatura regional, estamos perdiendo también respetabilidad a la figura presidencial, a la del secretario de Gobernación y a un organismo como el Inegi, que quizá piensen que la cantidad de habitantes de Baja California Sur debe estar en razón directamente proporcional al respeto que merecen sus valores y dignidad.
Si bien la secretaría de Gobernación es la “dependencia encargada de administrar las islas de jurisdicción federal”, y suponiendo, sin conceder, que la de Cerralvo se halla entre ellas, habría que establecer con claridad si “administrar” (del latín ad-ministrare: servir), aparte de dirigir y regir incluye la facultad de modificar, en este caso el nombre de un bien bajo su administración.
Con esa acción insólita, sin nosotros deberla ni temerla, el régimen nacional no sólo se inmiscuyó en la soberanía estatal, sino en las múltiples significaciones de nuestra historia, en nuestros mitos, creencias, fortalezas e identidad.
De un plumazo agredió, hasta ahora impunemente, la autoestima de una sociedad que se siente aún más desamparada cuando ve que su gobernante demora una semana en reaccionar públicamente a la felonía, mediante un boletín de prensa donde anuncia que enviará un extrañamiento al presidente y demás involucrados en ella, no por el hecho mismo de pretender la modificación toponímica, sino por no haber efectuado una consulta previa a su gobierno y a la población afectada.
Tenemos la certeza de que ello, más que un extrañamiento, merece el inicio de una acción de inconstitucionalidad. Pero sabemos que ello no ocurrirá mientras la cautela política prime sobre el decoro colectivo.
El congreso local y el ayuntamiento de La Paz se hallan aún lejos de exigir la revocación del nefasto acuerdo, a pesar de que la isla Cerralvo y su nombre pertenecen al territorio cuya integridad tienen el compromiso de salvaguardar.
Y, hasta este momento, las voces de nuestras dos legisladoras y ambos senadores son las únicas que se han hecho oír en las cámaras del Congreso de la Unión.
Con quitar el nombre de nuestra isla, los sudcalifornianos estamos perdiendo asimismo la certidumbre de la autonomía que se requiere para vivir en libertad, en paz y democracia.
Intentan así cancelar igualmente la confianza de esta comunidad en su propia valía; la inhabilitan y cancelan el derecho elemental de poseer, amar y cuidar sus propias designaciones: ya ha ocurrido con las de California (“baja”, “baja sur”), Loreto (“loreto bay”), Ensenada de Muertos (“bahía de los sueños”) y El Mogote (“paraíso del mar”), por citar algunos pocos ejemplos de la serie de agresiones que nuestra entidad está recibiendo desde hace tiempo, en la procuración infame de eliminar lo suyo para imponerle lo ajeno.
Tal vez estemos aún a tiempo de contenerla con la defensa insobornable y el fortalecimiento de los valores que han constituido a esta parte de México, que desde siempre ha decidido serlo pese a muestras de incomprensión como la que ahora nos ocupa, y, mediante el vigor de la historia común, impedir más embates y fisuras al espíritu sudcaliforniano.
¿No basta ya?
¡Sí, basta ya!
Por lo pronto, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el presidente del Inegi y el director de Geografía y Medio Ambiente de este instituto deben una disculpa y la debida retractación del acuerdo al pueblo de Baja California Sur.
Las esperamos.
Correo e: em_coronado@yahoo.com
De pronto, con un golpe artero e inesperado, el poder ejecutivo federal nos hizo saber la nula significación que para él tiene la soberanía de uno de los estados que integran a la federación mexicana.
Tal vez supuso que el único efecto de tal aberración sería la modificación señalada por el acuerdo publicado el pasado 17 de noviembre; pero no: el atropello infligido a los sudcalifornianos con el cambio de nombre de una de sus islas, resulta más que eso...
Porque junto al riesgo de perder un elemento imprescindible de la nomenclatura regional, estamos perdiendo también respetabilidad a la figura presidencial, a la del secretario de Gobernación y a un organismo como el Inegi, que quizá piensen que la cantidad de habitantes de Baja California Sur debe estar en razón directamente proporcional al respeto que merecen sus valores y dignidad.
Si bien la secretaría de Gobernación es la “dependencia encargada de administrar las islas de jurisdicción federal”, y suponiendo, sin conceder, que la de Cerralvo se halla entre ellas, habría que establecer con claridad si “administrar” (del latín ad-ministrare: servir), aparte de dirigir y regir incluye la facultad de modificar, en este caso el nombre de un bien bajo su administración.
Con esa acción insólita, sin nosotros deberla ni temerla, el régimen nacional no sólo se inmiscuyó en la soberanía estatal, sino en las múltiples significaciones de nuestra historia, en nuestros mitos, creencias, fortalezas e identidad.
De un plumazo agredió, hasta ahora impunemente, la autoestima de una sociedad que se siente aún más desamparada cuando ve que su gobernante demora una semana en reaccionar públicamente a la felonía, mediante un boletín de prensa donde anuncia que enviará un extrañamiento al presidente y demás involucrados en ella, no por el hecho mismo de pretender la modificación toponímica, sino por no haber efectuado una consulta previa a su gobierno y a la población afectada.
Tenemos la certeza de que ello, más que un extrañamiento, merece el inicio de una acción de inconstitucionalidad. Pero sabemos que ello no ocurrirá mientras la cautela política prime sobre el decoro colectivo.
El congreso local y el ayuntamiento de La Paz se hallan aún lejos de exigir la revocación del nefasto acuerdo, a pesar de que la isla Cerralvo y su nombre pertenecen al territorio cuya integridad tienen el compromiso de salvaguardar.
Y, hasta este momento, las voces de nuestras dos legisladoras y ambos senadores son las únicas que se han hecho oír en las cámaras del Congreso de la Unión.
Con quitar el nombre de nuestra isla, los sudcalifornianos estamos perdiendo asimismo la certidumbre de la autonomía que se requiere para vivir en libertad, en paz y democracia.
Intentan así cancelar igualmente la confianza de esta comunidad en su propia valía; la inhabilitan y cancelan el derecho elemental de poseer, amar y cuidar sus propias designaciones: ya ha ocurrido con las de California (“baja”, “baja sur”), Loreto (“loreto bay”), Ensenada de Muertos (“bahía de los sueños”) y El Mogote (“paraíso del mar”), por citar algunos pocos ejemplos de la serie de agresiones que nuestra entidad está recibiendo desde hace tiempo, en la procuración infame de eliminar lo suyo para imponerle lo ajeno.
Tal vez estemos aún a tiempo de contenerla con la defensa insobornable y el fortalecimiento de los valores que han constituido a esta parte de México, que desde siempre ha decidido serlo pese a muestras de incomprensión como la que ahora nos ocupa, y, mediante el vigor de la historia común, impedir más embates y fisuras al espíritu sudcaliforniano.
¿No basta ya?
¡Sí, basta ya!
Por lo pronto, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el presidente del Inegi y el director de Geografía y Medio Ambiente de este instituto deben una disculpa y la debida retractación del acuerdo al pueblo de Baja California Sur.
Las esperamos.
Correo e: em_coronado@yahoo.com