EL CONFLICTO
SNTE-GOBIERNO DE BCS
El paro y la huelga son medidas extremas que
ocasionalmente han de tomar los trabajadores para ejercer la presión necesaria
con el objetivo de ver cumplidas sus demandas por la parte patronal. Cabalmente
nadie participa con gusto en movimientos de esta naturaleza, a los que se llega
inevitablemente ante el registro de atropellos a la ley y el derecho.
La situación que
en este sentido se hallan enfrentando los trabajadores de la educación en Baja
California Sur sólo tiene un origen: el uso indebido que ha hecho el gobierno
estatal de los fondos que son retenidos de sus cheques quincenales a los
maestros y el personal de apoyo a la educación.
Es decir que
esas aportaciones, que deberían ser enteradas puntualmente a las instancias que
otorgan a éstos diversas prestaciones (vivienda, seguros y los propios ahorros
sindicales, entre las principales), han sido dispuestas por la administración
pública local para otros fines, de manera que cuando los trabajadores pretenden
hacer uso de los servicios a que tienen legítimo derecho (porque pagan por
ellos), se encuentran con que están impedidos de hacerlo pues el patrón ha
tomado ese dinero para efectuar sus propios gastos.
Eso tiene en la
ley el nombre genérico de malversación de fondos, que significa desviación de
recursos hacia destinos diferentes, sin que de primera intención haga
referencia a hurto, aunque tampoco sea descartado una vez que se detecta la
sustracción indebida a efecto de que sea aplicada la sanción correspondiente.
Luego de
establecido el diálogo de las partes laboral y gubernamental para dirimir el
conflicto derivado de la sustracción ejercida por éste y la suspensión de los
beneficios sufrida por aquélla, la administración estatal convino con el
sindicato el pago correspondiente en un plazo que llegó a su término sin que la
parte afectada viese cumplido el compromiso.
La comunidad
sudcaliforniana tiene muchas y repetidas pruebas de la responsabilidad laboral de
profesores y empleados de la SEP, y a todos consta que son los primeros en
lamentar el malestar que producen las acciones que su organización sindical ha debido tomar para
la satisfacción de sus reclamos, aunque hay segmentos de la población que
ignoran la causa de ellas y concluyen en que quienes exigen sus derechos lo
hacen simplemente porque encontraron un pretexto para negarse a trabajar.
Ha habido
incluso miembros del personal de algunas escuelas que, ante el apremio de los
padres de familia han optado por presentarse a trabajar; lamentablemente adquieren
por eso el feo estigma de esquiroles.
El gobierno
federal se ha negado con toda razón a resolver económicamente el problema, pues
ello está fuera de sus atribuciones, aunque el secretario del ramo haya accedido
a tomarse la foto con el ejecutivo de la entidad perturbada por los hechos
referidos, lo cual de ninguna manera significa que el erario nacional vaya a
financiar la deuda que se pretende endosarle.
Se ha sugerido
que la secretaría de Haciende sufragase la reestructuración de la deuda en
cuestión, pero eso significaría el incremento del ya enorme débito que traspasará
la presente administración a la que sigue, y que al final de cuentas sería
pagada, como siempre, con nuestras contribuciones.
Así las cosas, los
trabajadores de la educación merecen la comprensión y el apoyo de la sociedad
sudcaliforniana por procurar la resolución de un brete que ellos están lejos de
haber originado, y que la parte verdaderamente causante asuma a plenitud la
responsabilidad que le toca.
