ACTUALIDAD

CAMBALACHE O LOS DIEZ JUANITOS

El día 3 anterior apareció la noticia de que, apenas en la segunda sesión de la naciente LXI Legislatura, diez diputados solicitaron licencia para ceder su curul a líderes campesinos, empresarios y hasta esposos.

De esta manera, los recién estrenados “legisladores” cometieron un fraude impecable pero por demás antiético a la ley electoral y, en ocho de los casos, a los empeños en materia de igualdad de oportunidades para la mujer.

Dos son priistas: Yulma Rocha Aguilar (Guanajuato) y Ana María Rojas Ruiz (Chiapas).
Del Partido Verde Ecologista de México son siete: Mariana Ivette Ezeta Salcedo (Querétaro), Carolina García Cañón (México), Kattia Garza Romo (Nuevo León), Laura Elena Ledesma Romo (Baja California), Rafael Pacchiano Alamán (Querétaro) y Álvaro Raymundo Vargas Sáenz (México).

Asimismo la perredista Olga Luz Espinosa Morales (Chiapas) y, del Partido del Trabajo, Anel Patricia Nava Pérez (Durango).

La "razón" de las renuncias es simple: La ley electoral federal (COFIPE) exige a los partidos que anoten en sus listas de candidaturas propietarias, a determinado porcentaje de mujeres, en beneficio de la "equidad de género" (que debiera ser equidad sexual, pero seguramente a quienes hicieron el código les sonó muy pornográfico, en fin... cada quien con sus fantasmas).

Los partidos cumplen este requisito, pero al mismo tiempo colocan como suplentes a varones a quienes realmente se quiere beneficiar con el cargo respectivo.

Una vez que las damas han triunfado en las elecciones, en su caso, el compromiso hecho previamente es renunciar para que los señores accedan al puesto.

Como ahora ha ocurrido.

Y así todos felices... Excepto los ciudadanos que votaron por las damas y que sienten frustrada su decisión cuando se dan cuenta de que su candidata llegó a la diputación y renunció al día siguiente de tomar posesión del cargo.

Igual cosa ocurrió a dos diputados que desertaron en cuanto les fue tomada la protesta de ley, para declinar en favor de otros individuos, según habían dado su palabra de “honor”.

El antecedente similar de que tengamos noticia es de cuando Victoriano Huerta (secretario de Guerra del presidente Francisco I. Madero), mandó asesinar a éste y al vicepresidente José María Pino Suárez: De acuerdo con la Constitución de 1857, debería reemplazar al presidente de la República quien presidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la sazón era Pedro Lascuráin. Previo acuerdo con el golpista, tomó posesión del poder ejecutivo, nombró presidente de la Suprema Corte a Huerta, renunció a la presidencia y automáticamente (¡presto!, en menos de veinte minutos) se hizo cargo de ella el general.

Algo así como lo que está pasando con "Juanito" y la Sra. Brugada, nada más que el monigote le salió bravo a López Obrador y al Partido del Trabajo, y ahora, cerca ya del poder iztapalapeño, la está pensando mejor...

Nos preguntamos si tales artimañanas legaloides deben continuar formando parte de nuestras búsquedas de ascenso a una vida democrática plena.

ACTUALIDAD

IMPROCEDENTES OBRA Y NOMBRE DEL PABELLÓN

Continuaremos insistiendo en la improcedencia de asignar al llamado pabellón cultural de Cabo San Lucas un nombre completamente ajeno a la historia, la idiosincracia y la cultura sudcalifornianas.

Desde la aparición del artículo relativo publicado en este mismo blog, se han recibido varios mensajes de adhesión a la idea de oponerse a que un proyecto de esa índole sea nombrado en homenaje posmórtem a un amigo y exfuncionario del actual gobernador.

El más extenso es del doctor Rubén Sandoval, prestigioso promotor de tareas académicas y artísticas en nuestra entidad, quien en carta abierta al sector cultural de Baja California Sur se pregunta cuáles fueron las bases para otorgar dicha denominación. “Los nombres impuestos a edificios públicos de servicio ciudadano deben tener -sostiene en una parte del documento- una significación que se fundamente en la razón colectiva...”

El titular del poder ejecutivo estatal, quien en compañía de un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ya dio inicio a los trabajos constructivos del proyecto, hizo sentir su incomodidad por las voces que se han manifestado inconformes en este sentido, cuando dijo que “Negarle a Cabo San Lucas y a Baja California Sur una obra como el pabellón cultural representaría una injusticia y un agravio [sic] a una sociedad con una riqueza histórica única y que ha dado su mejor esfuerzo para el desarrollo de la entidad y del país.”

Aseveró enseguida que “sólo aquellos que no coinciden en que Los Cabos y Baja California Sur se merecen una obra de esta magnitud, pueden descalificar el esfuerzo conjunto emprendido...”, etc. (El Sudcaliforniano, 21 de agosto de 2009).

Como puede verse, en su empeño por justificar esta caprichosa idea, inajustable a las circunstancias dinerarias actuales del estado y el país, el gobernador argumenta injusticias y agravios que nada tienen qué ver con el asunto. Nadie en su sano juicio negaría la significación de la historia y la contribución de la colectividad cabeña al desarrollo sudcaliforniano.

De tal manera que lo expuesto por el señor Agúndez hasta puede leerse como pretensión de chantaje político.

Lo que de verdad “se” merecen Los Cabos y Baja California Sur son acciones acordes con el presente, sin meter en más graves conflictos los endebles alcances presupuestarios del estado.

En la misma ocasión informó que el conjunto (de intención más bien recaudatoria, que incluye dos cines y área comercial) se eregirá “en el corazón del desarrollo turístico de Cabo San Lucas, en un predio del gobierno estatal cuyo valor comercial supera los diez millones de dólares, que bien pudo haberse vendido para obtener recursos frescos y hacer frente a la contingencia financiera que enfrenta la administración estatal.”

Bueno, pues esto último es precisamente lo que creemos muchos que debiera haberse hecho, o debe hacerse, actuando con responsabilidad. Esos alrededor de ciento treinta millones de pesos le hubieran venido muy bien a la urgente descarga de compromisos derivados de la deuda “histórica” (de hace diez años), así como a insoslayables requerimientos sociales que ya empiezan a tomar niveles de crisis; por ende, el régimen está mayormente obligado a aplicar los recursos con racionalidad.

Por su parte, el señor Celestino Atienzo Beltrán, presidente de la Unión de Transportadores Turísticos Terrestres de Los Cabos, en rueda de prensa expresó (diario El Peninsular, 26 de agosto de 2009) que los proyectos urgentes están en las colonias populares, en el zoológico [de Santiago] y en el estero San José y no en el pabellón, que [además] por ubicarse en un sitio inadecuado estará subutilizado. Agregó que habrá una inversión exagerada en esta obra, incongruente con la situación económica actual.

En su blog, el propio dirigente (http://celestinoatienzo.blogspot.com) señala que a él le “está pareciendo un verdadero RELUMBRÓN esa idea de construir el Pabellón, especialmente en la coyuntura tan dramática que estamos atravesando en Los Cabos...”

Porque “Obras de RELUMBRÓN es lo que menos necesitamos en estos momentos, requerimos de programas de apoyo, de empleos emergentes, no de ELEFANTES BLANCOS, que de nada servirán, fuera de generar un mayor caos vial al que de por sí ya estamos viviendo y un hundimiento en los terrenos que fueron un día estero. ¡A los héroes nacionales les debemos veneración auténtica, no RELUMBRONES!”

Con todo lo cual coincidimos, desde luego.

Algunos pensamos que la nueva Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión deberá revisar la decisión de invertir 330 millones de pesos en una idea cuestionable y cuestionada, tanto por la aplicación monetaria que conllevaría como por su denominación.

Ambas por completo desfasadas del interés y realidad sociales.

El nombre adecuado y el bonito diseño del arquitecto Juan Pablo Serrano pueden esperar.


Correo e.: em_coronado@yahoo.com/

HISTORIA

EFEMÉRIDES SUDCALIFORNIANAS

SEPTIEMBRE

8. Fiesta tradicional de la ciudad de Loreto, cuando se recuerda la inauguración de su templo misional, en 1704.

10 (1879). Nació en La Paz Nicolás T. Antuna, quien habría de ser un esforzado revolucionario sudcaliforniano.

13 (1722). El jesuita Nicolás Tamaral fundó la misión de la Purísima Concepción de Cadegomó (“Arroyo de carrizales”).

14 (1719). El jesuita Juan de Ugarte botó en Mulegé la balandra “Triunfo de la Cruz”, primer barco construido íntegramente en las Californias.

21 (1920). Se hizo cargo de la gubernatura del distrito Sur Agustín Arriola Martínez, como resultado del plebiscito dispuesto por el presidente Adolfo de la Huerta.

27 (1821). Consumación de la Independencia Nacional, que es celebrada como fiesta anual en Ciudad Insurgentes.

27. Día del Electricista Jubilado.

29. El pueblo de San Miguel de Comondú festeja el día de su santo patrono.

30 (1976). El ciclón “Liza” dejó en La Paz innumerables víctimas y damnificados. A raíz de este suceso fue creada la colonia “8 de Octubre” en La Paz.

ACTUALIDAD

SECUESTROS Y LIBERACIONES

Nos enteramos en los medios regionales de información que el jueves 20 anterior (agosto de 2009) “fueron liberados los recursos correspondientes al Fondo de Ahorro de los trabajadores del sistema educativo estatal.”
Fueron liberados, lo cual significa, a confesión de parte, que estaban secuestrados, flagrantemente raptados, indebidamente retenidos, alevosamente incautados por el poder ejecutivo local cincuenta y ocho millones y medio de pesos, de los depósitos hechos por los empleados de la SEP, de su patrimonio familiar y en forma particular, en esta dependencia.
Ello constituye una falta grave de acuerdo con lo que establece en la materia la Constitución General de la República, así como en los términos de los artículos 157 al 160 de la Constitución del Estado, y de la ley de Responsabilidad Patrimonial de la propia entidad.
Sin embargo, la suma ilícitamente confiscada fue finalmente devuelta, de acuerdo con el reporte periodístico, lo cual se hizo saber en la nota principal de El Sudcaliforniano. O sea que el resarcimiento de la trapacería se dio a conocer como un acto loable, casi de generosidad oficial, y no lo que fue verdaderamente: la reparación de un daño.
El empleado que tuvo la comisión de restituir la cantidad sustraída (más intereses) argumentó que “la disposición se dio a raíz de que el gobierno del Estado tiene que hacer frente a la necesidades que genera el crecimiento y operación del sistema educativo estatal.”
Con ello debe entenderse que la administración pública se siente con facultad de tomar recursos de donde haya para cubrir los requerimientos de su déficit, incluso de ramos tan sensibles e importantes como el educativo.
Evidentemente, el faltante lo tiene por fallas de planeación y de tutela adecuada del erario.
Por fortuna los profesores y el personal de apoyo a la Educación cuentan con la protección de su sindicato, y era predecible una preocupante movilización de la fuerza gremial si la satisfacción del asunto hubiera demorado más tiempo.
Ahora el presente régimen habla nuevamente de reintegrar al gobierno federal los servicios educativos descentralizados en 1992, lo cual denota incapacidades peores que las económicas.
Este sexenio se incorpora ya con vastos méritos a lo que él mismo ha dado en llamar la “deuda histórica”. Un estudio somero del asunto indica que la deuda pública sudcaliforniana ha crecido geométricamente en el cuatrienio reciente.
Y la cuenta sigue...
Hay en ello una perceptible carencia de habilidad organizativa y de control en el manejo de los fondos puestos a su cuidado. Es inaceptable que por ausencia de aptitud en la adecuación presupuestaria tengan que abrirse hoyos para tapar otros, pues entonces resulta el cuento de cavar y nunca acabar.
En política se escucha con frecuencia aquello de que “con buena tierra, mucha agua y un tractor, cualquiera es agricultor.”
Es en circunstancias difíciles donde se pone a prueba la calidad y destreza de los que están ahí para enfrentarlas, hallar solución y actuar para resolverlas.

Correo e.: em_coronado@yahoo.com