SECUESTROS Y LIBERACIONES
Nos enteramos en los medios regionales de información que el jueves 20 anterior (agosto de 2009) “fueron liberados los recursos correspondientes al Fondo de Ahorro de los trabajadores del sistema educativo estatal.”
Fueron liberados, lo cual significa, a confesión de parte, que estaban secuestrados, flagrantemente raptados, indebidamente retenidos, alevosamente incautados por el poder ejecutivo local cincuenta y ocho millones y medio de pesos, de los depósitos hechos por los empleados de la SEP, de su patrimonio familiar y en forma particular, en esta dependencia.
Ello constituye una falta grave de acuerdo con lo que establece en la materia la Constitución General de la República, así como en los términos de los artículos 157 al 160 de la Constitución del Estado, y de la ley de Responsabilidad Patrimonial de la propia entidad.
Sin embargo, la suma ilícitamente confiscada fue finalmente devuelta, de acuerdo con el reporte periodístico, lo cual se hizo saber en la nota principal de El Sudcaliforniano. O sea que el resarcimiento de la trapacería se dio a conocer como un acto loable, casi de generosidad oficial, y no lo que fue verdaderamente: la reparación de un daño.
El empleado que tuvo la comisión de restituir la cantidad sustraída (más intereses) argumentó que “la disposición se dio a raíz de que el gobierno del Estado tiene que hacer frente a la necesidades que genera el crecimiento y operación del sistema educativo estatal.”
Con ello debe entenderse que la administración pública se siente con facultad de tomar recursos de donde haya para cubrir los requerimientos de su déficit, incluso de ramos tan sensibles e importantes como el educativo.
Evidentemente, el faltante lo tiene por fallas de planeación y de tutela adecuada del erario.
Por fortuna los profesores y el personal de apoyo a la Educación cuentan con la protección de su sindicato, y era predecible una preocupante movilización de la fuerza gremial si la satisfacción del asunto hubiera demorado más tiempo.
Ahora el presente régimen habla nuevamente de reintegrar al gobierno federal los servicios educativos descentralizados en 1992, lo cual denota incapacidades peores que las económicas.
Este sexenio se incorpora ya con vastos méritos a lo que él mismo ha dado en llamar la “deuda histórica”. Un estudio somero del asunto indica que la deuda pública sudcaliforniana ha crecido geométricamente en el cuatrienio reciente.
Y la cuenta sigue...
Hay en ello una perceptible carencia de habilidad organizativa y de control en el manejo de los fondos puestos a su cuidado. Es inaceptable que por ausencia de aptitud en la adecuación presupuestaria tengan que abrirse hoyos para tapar otros, pues entonces resulta el cuento de cavar y nunca acabar.
En política se escucha con frecuencia aquello de que “con buena tierra, mucha agua y un tractor, cualquiera es agricultor.”
Es en circunstancias difíciles donde se pone a prueba la calidad y destreza de los que están ahí para enfrentarlas, hallar solución y actuar para resolverlas.
Correo e.: em_coronado@yahoo.com
Nos enteramos en los medios regionales de información que el jueves 20 anterior (agosto de 2009) “fueron liberados los recursos correspondientes al Fondo de Ahorro de los trabajadores del sistema educativo estatal.”
Fueron liberados, lo cual significa, a confesión de parte, que estaban secuestrados, flagrantemente raptados, indebidamente retenidos, alevosamente incautados por el poder ejecutivo local cincuenta y ocho millones y medio de pesos, de los depósitos hechos por los empleados de la SEP, de su patrimonio familiar y en forma particular, en esta dependencia.
Ello constituye una falta grave de acuerdo con lo que establece en la materia la Constitución General de la República, así como en los términos de los artículos 157 al 160 de la Constitución del Estado, y de la ley de Responsabilidad Patrimonial de la propia entidad.
Sin embargo, la suma ilícitamente confiscada fue finalmente devuelta, de acuerdo con el reporte periodístico, lo cual se hizo saber en la nota principal de El Sudcaliforniano. O sea que el resarcimiento de la trapacería se dio a conocer como un acto loable, casi de generosidad oficial, y no lo que fue verdaderamente: la reparación de un daño.
El empleado que tuvo la comisión de restituir la cantidad sustraída (más intereses) argumentó que “la disposición se dio a raíz de que el gobierno del Estado tiene que hacer frente a la necesidades que genera el crecimiento y operación del sistema educativo estatal.”
Con ello debe entenderse que la administración pública se siente con facultad de tomar recursos de donde haya para cubrir los requerimientos de su déficit, incluso de ramos tan sensibles e importantes como el educativo.
Evidentemente, el faltante lo tiene por fallas de planeación y de tutela adecuada del erario.
Por fortuna los profesores y el personal de apoyo a la Educación cuentan con la protección de su sindicato, y era predecible una preocupante movilización de la fuerza gremial si la satisfacción del asunto hubiera demorado más tiempo.
Ahora el presente régimen habla nuevamente de reintegrar al gobierno federal los servicios educativos descentralizados en 1992, lo cual denota incapacidades peores que las económicas.
Este sexenio se incorpora ya con vastos méritos a lo que él mismo ha dado en llamar la “deuda histórica”. Un estudio somero del asunto indica que la deuda pública sudcaliforniana ha crecido geométricamente en el cuatrienio reciente.
Y la cuenta sigue...
Hay en ello una perceptible carencia de habilidad organizativa y de control en el manejo de los fondos puestos a su cuidado. Es inaceptable que por ausencia de aptitud en la adecuación presupuestaria tengan que abrirse hoyos para tapar otros, pues entonces resulta el cuento de cavar y nunca acabar.
En política se escucha con frecuencia aquello de que “con buena tierra, mucha agua y un tractor, cualquiera es agricultor.”
Es en circunstancias difíciles donde se pone a prueba la calidad y destreza de los que están ahí para enfrentarlas, hallar solución y actuar para resolverlas.
Correo e.: em_coronado@yahoo.com
