LA
CONSTITUCIÓN Y LOS CONSTITUYENTES DE B. C. SUR
La Constitución
sudcaliforniana es fruto de un prolongado proceso de preocupaciones y búsquedas
de la colectividad de esta parte de México por realizarse existencialmente como
entidad política, económica y socio-cultural.
Sus raíces profundas se hallan en lo más
remoto de su historia, cuando, pocos años después de quedar integrada a la
nación mexicana independiente, hubo de enfrentar el acoso extranjero,
norteamericano principalmente, para sustraer su territorio a la geografía de
los Estados Unidos, como ocurrió a la parte continental de las Californias,
junto a otros espacios del norte, resultado lamentable de la guerra injusta de
1846 a 1848 contra nuestra joven república.
En tales circunstancias bélicas estuvo
ininterrumpidamente presente el mexicanismo de la mayoría del pueblo
sudcaliforniano, cuyo origen indiano e hispánico estructuró su identidad y la
pertenencia al país, que se conformó con los territorios, la cultura, la lengua
y la religión de la desaparecida Nueva España.
La lejanía del resto del país, agravada por
la falta de vías comunicacionales y medios de transporte, con las consecuencias
inevitables de carencia, carestía y otras muchísimas dificultades para
subsistir, fueron creando en la conciencia general un sentimiento de
marginalidad que debió ser sustituido por el de la autosuficiencia en todos los
sentidos.
Durante el siglo XIX, Sudcalifornia fue tan
convulsa como toda la nación, en violentas búsquedas para definirse ellas
mismas, entender su presente y diseñar su destino.
La etapa porfiriana y los cambios
revolucionarios, ya en el siglo XX, continuaron completando la fisonomía de
este pueblo, cuyas preocupaciones sociales se sintetizaron en la organización
del Frente de Unificación Sudcaliforniano: se trataba de un frente pues la
lucha que acometía era abierta, sin encubrimientos y a la luz del día; era de
unificación porque aspiraba a ser la voz que aglutinaba a todas las voces; y
era sudcaliforniano, genuinamente sudcaliforniano, profundamente
sudcaliforniano.
Así, el Frente de Unificación
Sudcaliforniano (FUS) planteó al general Francisco J. Múgica, gobernador del
Territorio, el anhelo de ver gobernada la tierra propia por uno de sus hijos.
El propósito nativista se cumplió con la designación del general Agustín
Olachea Avilés como nuevo gobernador de esta provincia.
Más tarde, una nueva generación levantó las
banderas fusistas y reclamó al gobierno federal la nominación de un gobernante
civil, que fue finalmente satisfecho con la designación presidencial y el
arribo del licenciado Hugo Cervantes del Río a la gubernatura.
Algunos años después, un nuevo movimiento de
preocupaciones similares convergió en “Loreto 70”, con la exigencia al poder
central de gobernantes nativos o con arraigo, que halló realización al ser
nombrado como ejecutivo territorial el ingeniero Félix Agramont Cota, a quien
correspondió reinstaurar el municipio libre, el 1 de enero de 1972, en base a
la Ley Orgánica del Territorio de Baja California Sur publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
febrero del año anterior.
El nuevo estado
El 10 de mayo de 1974, en conferencia de
prensa efectuada pocos minutos después de su llegada de un viaje de trabajo a
la ciudad de México, el gobernador Félix Agramont dio a conocer la convicción
expresa del presidente Luis Echeverría de haberse dado ya las condiciones para
la elevación de esta entidad a miembro autónomo de la Federación mexicana.
El 1 de junio siguiente, al asistir el
presidente a Cabo San Lucas a la celebración del día de la Marina, se le hizo
llegar el documento por el cual le fue enunciada la petición de iniciar la
transformación de esta media península en Estado.
El 1 de septiembre, Echeverría anunció en su
cuarto informe de gobierno que enviaría al Congreso de la Unión, a través de la
Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para reformar los artículos 43 y
demás relativos de la Constitución General a efecto de cumplir el afán
histórico de los sudcalifornianos.
Fue aprobada por los diputados federales el
día 17 y por el Senado el 24; posteriormente mereció la aprobación mayoritaria
del Constituyente Permanente, integrado por las legislaturas estatales.
El 8 de octubre fue publicado el decreto en
el Diario oficial de la Federación,
en base al cual el propio Senado seleccionó de una terna del ejecutivo al mismo
ingeniero Agramont como gobernador provisional, quien con tal carácter lanzó
enseguida la convocatoria para la integración de la legislatura Constituyente.
Nació así la nueva entidad federada, al
mismo tiempo que Quintana Roo, mediante las reformas constitucionales a
dieciséis artículos, el principal de los cuales fue el 43, que habla de las
partes integrantes de la federación y las coloca en orden alfabético, de modo
que nuestro estado pasó a ocupar el tercer lugar de la lista después de
Aguascalientes y Baja California, a la que desde 1952 había sido adjudicado
como nombre propio el de toda la península.
Los comicios se llevaron a cabo, y los 7 candidatos
que obtuvieron constancia de mayoría, priistas todos, se reunieron el 25 de
noviembre para calificar sus propias elecciones.
El día 27, previa protesta de los diputados
electos, se declaró legítimamente instalado el H. Congreso Constituyente de
Baja California Sur, que a su vez procedió a calificar la elección de senadores
y los tres ayuntamientos, y se dispuso a iniciar la tarea de redactar la Carta
del Estado.
Para cumplir su comisión, fueron 45 días de
actividad intensa los que ocuparon nuestros diputados constituyentes, al final
de los cuales hicieron entrega del Código estatal al gobernador Agramont, el 15
de enero de 1975.
Ahora pudiéramos
preguntarnos si cuarenta y tres años después se han cumplido las expectativas
que generó la conversión política en la que fueron comprometidos los empeños
históricos de la sociedad sudcaliforniana para la felicidad de sus
descendientes.