El
arquitecto Jaime Martínez Veloz es, desde enero de 2013, titular de la Comisión
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, y recientemente hizo
declaraciones (La Jornada, 12 de junio anterior) relativas a la minería
en México, que este blog transcribe aquí en sus partes esenciales por cuanto
tienen de interés particular para Baja California Sur.
Puede
adelantarse que Martínez Veloz ha construido un curriculum vitae como
profesional, político, maestro universitario y escritor que avala sus asertos
desde la posición en que lo invitó a colaborar el presidente Peña Nieto.
Expresa que en los regímenes de Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón fueron entregadas 96 millones de hectáreas del
país en concesiones mineras, asegura que la mitad de
México está concesionada a empresas de este ramo y que ello ha ocasionado
conflictos e intranquilidad social en todo el país, pues se quieren
imponer proyectos sin consultar previamente a las comunidades que se están
viendo o se verían afectadas por ellos.
El comisionado subrayó el hecho de que “el 70% de la minería que
se hace en México es llevado a cabo por empresas canadienses.”
Dice que para obtener una tonelada de un
metal tienen que ser removidas más de 119 millones de toneladas de
tierra, equivalentes al
destrozo de unas 400 hectáreas, a lo que hay que agregar las miles de toneladas
de cianuro que van a parar a mantos del subsuelo, con su consecuente resultado
de contaminación.
En su exposición agregó que “entre 2005 y 2010, según cifras de la Auditoría
Superior de la Federación, los ingresos de las empresas mineras canadienses en
México fueron de aproximadamente 552 mil millones de pesos; sin embargo, las
compañías “sólo pagaron al Estado mexicano unos 6,500 millones de pesos, apenas el 1.18% de
sus ganancias. Esto se debe a que, en el gobierno Felipe Calderón, las firmas
trasnacionales obtuvieron beneficios fiscales”, dado que nuestras autoridades
les devuelven el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan en México.
Dijo que “los únicos patrones de negociación
en este momento con los pueblos, en lugares donde hay proyectos, son la
cooptación, el engaño, la exclusión, la represión, según sea el caso.”
Por eso aseveró que es preciso legislar
convenientemente para resolver los conflictos que puedan originarse en este
rubro, y sostuvo que la forma mejor es que las sociedades puedan, en forma
igualitaria, dialogar con empresas y gobiernos, en sus lenguas, y discutir cada
una de las acciones en sus tierras y sus territorios.”
He aquí una opinión calificada y útil para
establecer criterios adecuados hacia las decisiones que se habrán de tomar al
respecto en el ámbito sudcaliforniano, porque van en éstas el presente y los
tiempos por venir de nuestra entidad.NOTA: Las frases en negritas son del texto original.