En marzo de este 2011, el ingeniero Genovevo Cota Haros denunció la desaparición de la placa inaugural de la red de abastecimiento de agua potable de La Paz, que fue originalmente ubicada en el parque Cuauhtémoc algún día de mayo de 1960.
Pudo ser, como en otros muchos casos, a causa de la negligencia, el descuido o aun la mala leche de los recientes regímenes estatales que han querido hacer pensar que la historia de Baja California Sur comenzó en 1999.
Pero existe otro factor al que debe atenderse ya que puede estar contribuyendo a la desaparición de las placas conmemorativas, y es el que se refiere al mercado abierto desde hace tiempo a los malvivientes, drogadictos y vagos de igual pelaje, al que pueden venderle todo metal disponible para sobrevivir y proveer a sus vicios.
Ninguno de los objetos metálicos y de sus aleaciones quedan fuera de la rapiña hasta ahora incontenible de estos delincuentes, que lo mismo se llevan textos de lápidas en panteones que medidores de consumo de agua, conexiones de electricidad, tuberías de gas y… placas inaugurales, por supuesto.
La “administración” que desgobernó a Baja California Sur en el sexenio 2005-2011 se dedicó, con frívolo entusiasmo y demagógico fervor digno de causa más edificante, a inaugurar cuanta cosa se producía con los recursos públicos, generalmente de calidad cuestionable, y en cada acción de éstas quedaba instalada una placa con el nombre omnipresente del aldeano césar, y un costo -considerando suministro y colocación de placa de bronce sobre murete, fijación a muro, cortinero y cortina de tela, aplanado, pintura vinílica y mano de obra- de por lo menos veinte mil pesos más iva.
Bueno, pues esa incontable cantidad de placas es, sin duda, objeto suculento del apetito voraz de los malhechores, por lo cual urge rescatarlas de inmediato, no porque sean importantes como testimonios de un pasado execrable, sino por lo que han costado al erario y cuyos importes pueden y deben ser recuperados de alguna manera.
Y es hora, también, de que la autoridad que corresponda dé adecuado seguimiento al citado mecanismo de oferta y demanda, detectando a las empresas que discrecionalmente hasta ahora compran tales productos, a sabiendas de que son mal habidos, para que se ejerza sobre ellas el control necesario.