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CAMBALACHE O LOS DIEZ JUANITOS

El día 3 anterior apareció la noticia de que, apenas en la segunda sesión de la naciente LXI Legislatura, diez diputados solicitaron licencia para ceder su curul a líderes campesinos, empresarios y hasta esposos.

De esta manera, los recién estrenados “legisladores” cometieron un fraude impecable pero por demás antiético a la ley electoral y, en ocho de los casos, a los empeños en materia de igualdad de oportunidades para la mujer.

Dos son priistas: Yulma Rocha Aguilar (Guanajuato) y Ana María Rojas Ruiz (Chiapas).

Del Partido Verde Ecologista de México son siete: Mariana Ivette Ezeta Salcedo (Querétaro), Carolina García Cañón (México), Kattia Garza Romo (Nuevo León), Laura Elena Ledesma Romo (Baja California), Rafael Pacchiano Alamán (Querétaro) y Álvaro Raymundo Vargas Sáenz (México).

Asimismo la perredista Olga Luz Espinosa Morales (Chiapas) y, del Partido del Trabajo, Anel Patricia Nava Pérez (Durango).

La "razón" de las renuncias es simple: La ley electoral federal (COFIPE) exige a los partidos que anoten en sus listas de candidaturas propietarias, a determinado porcentaje de mujeres, en beneficio de la "equidad de género" (que debiera ser equidad sexual, pero seguramente a quienes hicieron el código les sonó muy pornográfico, en fin... cada quien con sus fantasmas).

Los partidos cumplen este requisito, pero al mismo tiempo colocan como suplentes a varones a quienes realmente se quiere beneficiar con el cargo respectivo.

Una vez que las damas han triunfado en las elecciones, en su caso, el compromiso hecho previamente es renunciar para que los señores accedan al puesto.

Como ahora ha ocurrido.

Y así todos felices... Excepto los ciudadanos que votaron por las damas y que sienten frustrada su decisión cuando se dan cuenta de que su candidata llegó a la diputación y renunció al día siguiente de tomar posesión del cargo.

Igual cosa ocurrió a dos diputados que desertaron en cuanto les fue tomada la protesta de ley, para declinar en favor de otros individuos, según habían dado su palabra de “honor”.

El antecedente similar de que tengamos noticia es de cuando Victoriano Huerta (secretario de Guerra del presidente Francisco I. Madero), mandó asesinar a éste y al vicepresidente José María Pino Suárez: De acuerdo con la Constitución de 1857, debería reemplazar al presidente de la República quien presidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la sazón era Pedro Lascuráin. Previo acuerdo con el golpista, tomó posesión del poder ejecutivo, nombró presidente de la Suprema Corte a Huerta, renunció a la presidencia y automáticamente (¡presto!, en menos de veinte minutos) se hizo cargo de ella el general.

Algo así como lo que está pasando con "Juanito" y la Sra. Brugada, nada más que el monigote le salió bravo a López Obrador y al Partido del Trabajo, y ahora, cerca ya del poder iztapalapeño, la está pensando mejor...

Nos preguntamos si tales artimañanas legaloides deben continuar formando parte de nuestras búsquedas de ascenso a una vida democrática plena.