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TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

La diferencia específica que puede hallarse entre las decisiones de emergencia que se tomaban en las administraciones municipales respecto al transporte público de La Paz, y el nuevo plan que diseñaron las autoridades, los expertos, los empresarios y los demás agentes que inciden en la materia, es la de que éste fue estructurado con esmerado criterio técnico pero paralelamente con finalidad de que se constituya en esquema de verdadera prestación a la colectividad.
   Cosa singular también es que, durante las negociaciones que anclaron en la estructuración del plan, estuvieron ausentes los gritos, amenazas y golpes en la mesa, como ocurría cuando el gobierno municipal tenía que doblegarse ante las presiones, no frente a las evidencias y los números, sometiendo los intereses de la población a las conveniencias económicas de los factores de poder, que en ocasiones eran simultáneamente juez y parte.
   Ahora las reglas son diferentes y claras: el servicio de transporte colectivo deberá ser mejorado en un plazo de ocho meses en que serán objetos de revisión minuciosa los vehículos así como el resto de los elementos concurrentes: capacitación a los conductores, credencialización actualizada de usuarios con tarifa reducida, entrega puntual del boleto que cubre el seguro del usuario e impide meter indebidamente la mano a la caja, pavimentación y reorganización de las rutas, arreglo de las estaciones de ascenso y descenso de pasajeros, principalmente).  
   Hasta donde se sabe, antes del lanzamiento del plan y el inevitable anuncio del incremento al costo del viaje (mucho menor que el pretendido por las cuentas de los concesionarios), debió efectuarse un largo proceso que comprendió estudios de campo y gabinete que sustentaron los argumentos, reuniones en las que primó el diálogo y la negociación hasta el logro de los acuerdos necesarios entre la parte municipal al cuidado del interés público y la de los propietarios en defensa de sus empresas.
   Para la primera siempre es penoso autorizar aumentos en los costos, de la índole que sean, lo cual además conlleva riesgos políticos que debe asumir ante el imprescindible requerimiento de ajustarse a la realidad, como en este caso en que la gente estaba exigiendo justamente mejor servicio, y los transportistas la satisfacción de sus demandas para la renovación de unidades y por el incremento en el valor de los insumos.
   El plan habrá de garantizar, entonces, el inmediato mejoramiento pero también las condiciones futuras en que debe operar el transporte en beneficio de la sociedad paceña.
   (Imagen: oem.com.mx/)