ACTUALIDAD



CIVISMO Y ECONOMÍAS

En una breve nota de seis párrafos quedó flagrantemente exhibida la escasa escolaridad, la incompetencia intelectual y la poca sensibilidad política, por decir lo mínimo, en las declaraciones recientes de quien, por la magia de la irresponsabilidad y el desparpajo “parlamentario” en el congreso sudcaliforniano, encabeza a la mayoría de los diputados del partido hasta ahora en el poder.
Este señor se ha permitido la insolencia de expresar que “la intención de anular el traslado de los poderes a otras localidades [fuera de la capital del estado, se entiende], busca que esta inversión se destine a mejores beneficios de la ciudadanía y deje de ser un mero acto cívico.”
Imperdonable insolencia es insinuar públicamente que los sudcalifornianos constituimos una población de retrasados mentales, tan ignaros y escasos de entendimiento como para pensar -como el diputado pretende que pensemos- que la cancelación de los cambios transitorios de sede de los poderes estatales pudiere significar un ahorro notable en las finanzas públicas, y derivarlo en “mejores beneficios” sociales, que la evocación de hechos notables de nuestra historia.
Tal vez el diputado lo ignore, pero cómputos conservadores calculan en treinta millones de pesos el costo del penúltimo informe del ejecutivo estatal; ese gasto pudo y debió haberse aplicado en “mejores beneficios” sociales.
Atrevimiento inexcusable es decir que esas mismas radicaciones temporales en fechas de ocurrencia anual son “meros” actos cívicos, lo cual significa lo mismo que “simples” actos cívicos o “solamente” actos cívicos, como si las conmemoraciones del calendario fuesen prescindibles, como si no constituyeran componentes de nuestra identidad nacional y regional, de nuestro sentido de pertenencia e ingredientes sustanciales de la dignidad del pasado común.
Partiendo de esa proposición, estaríamos en condiciones de renunciar, por ejemplo, a las celebraciones del bicentenario independentista y los cien años del inicio revolucionario; en fin, de toda reminiscencia histórica. Y de aquí en adelante, sólo cumplir las funciones biológicas de “creced y multiplicaos”, con sus intermedios de comed y... todo lo demás.
Tal sistema de creencias y actitud de este señor que está ahí (y donde es probable que se conserve por lo que resta del sexenio) para elaborar las normas que rigen la convivencia comunitaria -no para negarlas sin basamento válido-, nos coloca en grave riesgo a todos los habitantes de Baja California Sur. En peligro de que, con la misma facilidad e igual ausencia de convicción social y de civismo, trate todos los asuntos que atañen a los procesos legislativos de la entidad.
Quizá muchas de las conductas antisociales que ensombrecen la vida pública nacional, y en particular la de Baja California Sur, tengan relación con actitudes como la de este delegado distrital, quien seguramente no desconoce que el partido al que pertenece, en su declaración de principios, y luego de hacer recuento del bisecular proceso histórico mexicano, afirma que esos “episodios de la vida de nuestro pueblo... integran, asimismo, un horizonte y un marco orientador para encauzar los problemas y los desafíos que en cada etapa a cada generación corresponde enfrentar y resolver.”
Enseguida, el mismo documento sostiene que dicho instituto “finca en esos valores y en esa tradición los principios que le dan vida como organización política y sus compromisos contraídos ante la nación.”
De igual manera se halla en obligación de saber que en el espíritu de las conmemoraciones cívicas se halla el requerimiento de traer a la memoria de la comunidad los principios y valores que la erigieron y consolidaron. Lejos de ser sólo recordaciones o “fiestecitas”, los actos cívicos conllevan el objetivo de afirmar esos elementos axiológicos esenciales y, por tanto, imprescindibles de la colectividad social.
Intuimos que lo llevó a esta frívola determinación la resistencia a enfrentar la evidente inconformidad, la irritación y el rechazo de las poblaciones de esta media península a sus autoridades, percibibles ya en todas partes y a todas horas. A estas alturas se comprende que rehuyan dar la cara a los ciudadanos que tienen tantos cuestionamientos qué hacer a este régimen.
Por el contrario, un gobierno que dice estar “cerca de la gente” debiera multiplicar el traslado de los poderes (de la gente) a más poblaciones del estado, no nada más a la dinámica aunque injustamente abatida Ciudad Constitución el 5 de Febrero, a la esforzada Ciudad Insurgentes el 27 de Septiembre, a la Heroica Mulegé el 2 de Octubre, al Histórico Loreto el 11 de Octubre, y al mágico Todos Santos al día siguiente, sino a otras varias poblaciones que esperan a sus gobernantes para decirles lo que piensan...
Sin duda este señor debe una disculpa a los sudcalifornianos, sobre todo a los de su jurisdicción electoral, y, en el mejor de los casos, una retractación de sus declaraciones e intenciones anticívicas.

em_coronado@yahoo.com

HISTORIA

EFEMÉRIDES

ABRIL

19 (1876). Murió en La Paz el coronel Máximo Velasco, jefe político de Baja California Sur desde un año antes en sustitución del general Bibiano Dávalos. Su breve administración enfrentó serios desencuentros con el vicario apostólico Ramón Moreno y Castañeda, principalmente por el desacato de éste a las Leyes de Reforma.
Comenta don Adrián Valadés, contemporáneo de estos acontecimientos, que “Velasco era un joven apreciabilísimo por sus cualidades personales..., un liberal sincero y progresista, justo, de una honradez acrisolada, ilustrado y de un criterio lleno de sensatez. El nuevo jefe político safisfizo las aspiraciones de la sociedad de La Paz.”
La contienda entre las autoridades política y religiosa dividió los ánimos de los paceños a pesar del espíritu conciliador que interpuso Velasco, al decir de don Adrián. Todo ello devino conflicto desde el púlpito y la prensa, habiéndose creado por las partes sendos periódicos; el del bando laico se denominó El Pueblo.
El obispo, que continuó su campaña en el gobierno del coronel Francisco Miranda y Castro, hubo de salir de la entidad el 1 de noviembre del mismo 1876.
La plaza principal de la capital sudcaliforniana lleva el nombre del ilustre gobernante.

LIBRERÍA


Historia del Estado de Baja California Sur, por Leonardo Reyes Silva, La Paz, 1975.

Esta obra fue realizada por la vía del autofinanciamiento de autor, quien cinco años antes había editado también su Geografía del Territorio de Baja California, de 44 páginas, igualmente para aprendizaje de los alumnos de tercer grado de educación primaria.
La que ahora nos ocupa consta de 116 páginas en las que están incluidos veintitrés lecciones y un cuaderno de trabajo. En la presentación, el maestro dice que “Conocer la historia del Estado de Baja California Sur es un deber de todos los habitantes de esta hermosa región de México. Con más razón, los niños que asisten a las escuelas de enseñanza primaria deben empezar a comprender los acontecimientos históricos más importantes para que, posteriormente, tengan una visión elemental de los hechos ocurridos a través de los años en Sudcalifornia.”
Explica enseguida que “corresponderá a los maestros la tarea de dosificar los conocimientos y utilizar los auxiliares didácticos a fin de que los alumnos puedan apreciar, con el máximo de objetividad, la historia de nuestra patria chica.”
Se trata del fruto de la acuciosa investigación de un profesor que lo fue del nivel escolar al cual ofreció su contribución; un historiador-abeja, que “busca ser hombre de ciencia a la hora de establecer los hechos, y se convierte en artista en el momento de transmitirlos”, como lo clasifica don Luis González y González.
Es un significado estudio de microhistoria, historia matria, historia arqueológica (Nietzsche), regional, local, comarcana, estatal o como se adapte mejor al gusto, que todos deberían conocer, pues a pesar de su elementalidad va destinada también a un lectorio diverso, por su manifiesta intención didáctica.
Ediciones posteriores fueron llevadas a cabo en 1977 y 1989, esta última patrocinada por el gobierno de Baja California Sur mediante su dirección de Cultura, de 132 páginas, que abarca hasta la administración de Víctor Manuel Liceaga.